Dos exculpadas lamentan el daño «imposible de resarcir»

Una de las exculpadas, aseguró ayer que sigue teniendo «dolor» por el daño profesional, familiar y personal causado, que considera «imposible» de resarcir.

La reacciones al archivo de la pieza política de la causa de los cursos de formación que instruye el juzgado número 6 de Sevilla continúan. La ex directora general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Teresa Florido, una de las exculpadas, aseguró ayer que sigue teniendo «dolor» por el daño profesional, familiar y personal causado, que considera «imposible» de resarcir.

La ex directora general, cuñada de otro de los investigados, el ex consejero Ángel Ojeda, fue detenida en marzo de 2015 por la Guardia Civil por orden de la jueza que abrió el caso, Mercedes Alaya, junto a otros 15 cargos políticos relacionados con la formación, todos los cuales han sido ahora exculpados por la magistrada que ha heredado el caso, María Núñez Bolaños.

Tras el sobreseimiento de lo actuado, Florido expuso a Efe que lo ocurrido le ha supuesto «un daño tan grande que es imposible, imposible, el resarcimiento de ningún tipo». «Ese daño –insistió– lo llevaremos siempre encima». También se pronunció la ex delegada de la Consejería de Empleo en Jaén, Irene sabalete, quien dijo sentir «alegría pero también rabia» tras el archivo de la pieza. La primera «porque la pesadilla ha acabado» y la segunda «por la injusticia» que se ha cometido con ella y con los otros 15 responsables de Empleo que fueron arrestados. A su juicio, lo ocurrido «no es justo ni propio de un Estado de Derecho en el que se supone que nos movemos», subrayó Sabalete, antes de precisar que la detención fue «un momento desagradable y duro» que no se le olvida y que afectó a su hija de 4 años, que presenció la actuación policial y le pregunta si vienen a por ella cuando suena el timbre.

De otro lado, la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, sostuvo ayer que respeta el punto final de la pieza política del caso de los cursos, pero quiso destacar el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil y reclamó responsabilidades políticas por los «millones de euros perdidos».