El complicado salto para ellas del aula a los despachos

Con la excepción de los cuatro años de Luciano Alonso y Francisco de la Chica, la titularidad de la Consejería de Educación ha sido una parcela exclusiva de las mujeres en los últimos veinte años en Andalucía. En su base, el sistema educativo público también está mayoritariamente ocupado por mujeres: suponen el 67% de los docentes. Esta realidad no tiene su reflejo sin embargo en los puestos de dirección, ya que más de la mitad (56%) los ocupan ellos. Los hombres dirigen los centros de enseñanza públicos y las mujeres imparten las clases, ése es a trazo grueso el dibujo que resulta de analizar las funciones de las plantillas de colegios e institutos andaluces, donde la mayoría de los puestos de dirección están ocupados por ellos (2.022 frente a 1.599 directoras).

Así lo recoge la Junta en su análisis sobre impacto de género de los Presupuestos de este año, donde se advierte de que la feminización docente –en Infantil llega a ser del 97%– no se traduce en una representación equitativa en puestos directivos. La balanza se equilibra en la composición de los equipos de dirección, donde la presencia de profesoras es ligeramente superior –como jefas de estudios y secretarias–. El resultado global es un panorama casi paritario pero que no refleja la realidad de los centros.

Esta circunstancia es en parte achacable a la Administración educativa. Sobre ella ha recaído desde 2007 la potestad exclusiva para designar a los directores de sus colegios e institutos. Desde el pasado martes, esta circunstancia ha cambiado. El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno determina que la elección saldrá de una comisión compuesta por nueve miembros, aunque la Junta seguirá teniendo la última palabra al disponer de cinco representantes. El decreto determina que deberá existir «una presencia equilibrada entre hombres y mujeres» tanto en la comisión como en la composición del futuro equipo directivo.

La Consejería ha demorado tres años su adaptación a la Ley Orgánica de Mejora de la calidad educativa (Lomce). La nueva norma contempla que en el concurso de méritos debe participar también la comunidad educativa. El proceso valorará la experiencia previa en un equipo directivo, el proyecto presentado y la labor docente. Como novedad, previo a su nombramiento por cuatro años, deberán superar un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio o por la comunidad autónoma. El objetivo, aseguró el Gobierno andaluz, es profesionalizar este área. El decreto determina que el nombramiento será renovable por otros cuatro años, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado. Al finalizar el mandato, la labor del personal directivo será calificada por una comisión que se constituirá en cada delegación territorial de Educación. Los aspirantes podrán optar además al cargo en distintos centros, no teniendo que ceñirse al que en ese mometno estén ejerciendo.

En 2016, había casi 115.000 docentes en los sistemas público y privado. El protagonismo de las mujeres es muy evidente: 74.446 frente a 40.539 hombres. En los últimos ocho años, ese dominio femenino ha aumentado; entre los docentes menores de 35 años, incluso se intensifica, suponiendo el 73% del colectivo –tres de cada cuatro–.

El desequilibrio en los puestos de dirección era mucho mayor hace ocho años. Si las mujeres ocupaban en 2008 el 35,5% de las direcciones, la participación ha alcanzado el 44%, según recoge el informe de género publicado. Esta tendencia se ha consolidado en los colegios de educación Primaria e Infantil, con una plantilla claramente femenina. Los institutos de momento mantienen la supremacía masculina: el 72% los dirigen hombres, mientras la presencia por sexos de docentes prácticamente está igualada, según evidencia el mismo análisis. También quedan ellas en inferioridad en el acceso a la escala más alta de la carrera docente: en los últimos cuatro años el número de profesoras de Secundaria con cátedras se ha reducido.

La representación femenina también es escasa en la inspección educativa, el órgano que debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema y sus niveles de calidad. De los 275 profesionales que lo componen, solo 73 son inspectoras. «Entre las causas que explican este desequilibrio –señala el documento– se encuentran las condiciones que se exigen para el acceso al cuerpo de inspección, siendo clave la experiencia en equipos directivos y, sobre todo, el cargo de dirección».