El concurso de la Junta acaba de nuevo en los tribunales

Un pelotón de meritorios espera plaza en la Administración andaluza. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó el reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Junta, establece que las convocatorias de los concursos de méritos que permiten esos movimientos deben «efectuarse al menos con una periodicidad semestral». Sin embargo, ha habido un espacio de más de cinco años en blanco. El último concurso arrancó en marzo de 2011 y no se resolvió hasta abril de 2013, dado que acabó en los tribunales. Éstos sentenciaron que el Gobierno regional vulneró derechos fundamentales de unos 12.000 funcionarios al cambiar las bases del mismo «in extremis» e instaron a recuperar las originales.

El pasado julio, después de que el Parlamento diera luz verde en abril a la proposición de ley del PSOE para modificar la norma de Función Pública y reconocer los servicios prestados del personal interino, su antigüedad, la Junta inició un nuevo concurso –en realidad son 23, ya que en su gestión intervienen las 13 consejerías, las delegaciones territoriales y otros organismos como el Consejo Consultivo de Andalucía o el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de la comunidad– en el que se han ofertado 10.122 plazas y en el que pueden participar alrededor de 20.000 funcionarios hasta «a priori» el 23 de septiembre. Proceso que se ha vuelto a terminar en los juzgados, otra vez por la vía de los derechos fundamentales, de momento.

Lo ha recurrido la Asociación para la Defensa de la Igualdad en la Carrera Administrativa en la Administración General de la Junta de Andalucía (Adeica), como recoge el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), que ha pedido su paralización. Desde esa entidad explican a LA RAZÓN que lo han hecho porque pretenden que «se reconozca la antigüedad de los funcionarios que trabajaron un periodo no como interinos sino como personal laboral –se puede pasar de una categoría a otra a través de unas oposiciones o de un examen interno de promoción–». «Tanto en la Administración General del Estado como en el resto de las comunidades, ese tiempo se tiene en cuenta como trabajado», argumentan, para añadir que «sólo en Andalucía» ese espacio temporal «es igual a cero, pese a que el empleador –el Ejecutivo autonómico– es el mismo. La región es el único sitio del Estado en el que no se tiene en cuenta», insisten. Afirman sentirse en «inferioridad de condiciones» con respecto a otros compañeros y que esta situación ni se plantearía «si el contratante fuera una empresa privada y no una Administración».

Al margen de Adeica también han dado el paso algunos particulares y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), si bien, fuentes de esta organización quieren dejar claro a este periódico que en su caso no han solicitado la suspensión del concurso. Los motivos por los que lo han impugnado pasan por que no están de acuerdo con que «se tenga en cuenta en la baremación la antigüedad de los interinos» ni «con el apartado del trabajo desarrollado, con que se puntúe igual en él con independencia de que la forma de ocupación del puesto sea provisional o definitiva», explican fuentes del sindicato. ¿El motivo? «Algunos han sido dados ‘a dedo’ y no queremos que se valore a todos de la misma manera», disparan.

Las fuentes consultadas por este diario no descartan que a esos recursos interpuestos se sumen otros ajenos a procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales, que se tramiten por la vía ordinaria, que conlleva plazos distintos.