El Defensor del Pueblo investiga la «discriminación» laboral en las agencias sanitarias que denunció CSIF

Ha solicitado ya al SAS que le remita la información de la que disponga sobre el «agravio comparativo»

Se forja una tormenta. La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, analizará «la problemática laboral de los profesionales de las agencias sanitarias» de la comunidad, tras admitir a trámite una queja planteada por la responsable autonómica de CSIF en esa materia Otilia Hernández. La institución ha trasladado al sindicato, en un escrito al que accedió LA RAZÓN, que ya ha solicitado a la dirección general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta que les aporte «cuanta información disponga» sobre los hechos denunciados por la organización sindical en relación a la «discriminación y el agravio comparativo» que sufren trabajadores de las mencionadas agencias, integrantes del sistema sanitario público andaluz (SSPA), con respecto a los del SAS. En la queja formulada por Hernández explicó al Defensor que los recortes-succión «aplicados por la Junta desde el año 2012 a todos los profesionales pertenecientes a SSPA» se tradujeron en podas de personal, «con el correspondiente aumento de las tareas asistenciales para el resto de empleados públicos», bajadas salariales, merma de permisos y licencias y un extenso etcétera. Pero a ello se sumó que las gerencias de las mencionadas agencias, afectadas también por los recortes, «están incumpliendo preceptos básicos» del Estatuto de los Trabajadores y el articulado de «sus propios convenios colectivos», lo que conlleva «una contratación precaria» y «una ausencia de consolidación de empleo». Comenzada la remontada económica, el SAS «va alcanzando acuerdos» con los sindicatos para «restablecer de forma progresiva la situación previa a la crisis», frente a unas agencias sanitarias que «mantienen sus convenios colectivos caducados desde 2010», entre otras múltiples deficiencias. Es más, se producen diferencias entre las plantillas de esos propios entes.

Desde ese dibujo de situación, CSIF exige que cuanto antes, y entre otras medidas, se acabe con la precariedad laboral en esas entidades con contratos al 100% y mediante un proceso de empleo definitivo para que los profesionales puedan consolidar su puesto, que, a juicio de la organización sindical, debe hacerse mediante el armazón de un convenio único para todas las agencias que evite la discriminación entre ellas. Reclama además una única bolsa de empleo temporal para todos los trabajadores del SSPA.

Un sistema de incentivos «injusto» y sin consenso

Entre las denuncias arboladas por CSIF se incluye una relativa al sistema de incentivos y de consecución de objetivos. Los últimos «vienen impuestos por la Junta sin tener en cuenta las peculiaridades jurídicas de las agencias» lo que genera, avisa el sindicato, un modelo «injusto» y sin consensuar con los trabajadores. En definitiva, «un maquillaje».