El ex interventor cree haber «resquebrajado» un pilar de los ERE

Hacía más de un año que el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez esperaba para declarar por tercera vez en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares financiados con cargo a las arcas públicas. Lo hizo ayer durante algo más de una hora en la que, según fuentes presentes en su intervención, «resquebrajó» la tesis de la «ilegalidad de las transferencia de financiación –la herramienta utilizada por el Gobierno autonómico para nutrir las ayudas–», a preguntas, sobre todo, de la Fiscalía. No es una cuestión baladí, ya que esa tesis constituye la base de las acusaciones que pesan sobre muchos cargos políticos imputados en las diligencias.

Se explicó ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, pese a que, hace días decidió pasar al hasta ahora juez de refuerzo del órgano judicial, Álvaro Martín, las seis piezas en las que, de momento, ha desmembrado la «macrocausa».

Gómez defendió que «hasta el año 2014, en el que se introdujo una reforma en los Presupuestos del Ejecutivo regional, no se pueden hacer afirmaciones tajantes» sobre las polémicas transferencias, debido al régimen jurídico «lábil» o resbaladizo que tenían, y trasladó a la instructora su desacuerdo con el criterio de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre que éstas no eran legales, según apuntan a LA RAZÓN, las mismas fuentes. Y añaden que el ex interventor habría dejado sobre la mesa de la magistrada una «duda muy razonable» en torno a un asunto, que, insisten, entienden capital de cara al futuro de un proceso con un voluminoso grupo de encausados, entre otros delitos, por el de prevaricación.

Si bien, de la declaración del ex interventor jefe se infiere también, según apuntan otras fuentes del caso consultadas por este periódico, que lo que sí conocía el Ejecutivo andaluz era el «uso inadecuado» de las transferencias de financiación que se había producido en varias empresas públicas durante el periodo investigado, no sólo en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que actuó como caja pagadora, como después haría la agencia IDEA ¿El motivo? La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) hizo llegar al Consejo de Gobierno «memorias de control financiero permanente» de varios ejercicios en las que constaban advertencias sobre esa anomalía, calificada por los fiscalizadores como «mecanismo desafortunado». Una de las que habría sido conocedoras de esa situación, sería la ex consejera, ex ministra socialista y ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, quien ocupó las carteras de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz entre 1994 y 2004 y, para algunos de los letrados presentes en el interrogatorio de ayer, «sería una de las que tuvo que conocer, por su cargo, esos informes de la Intervención» de los que habló Gómez en sede judicial.

El imputado relató además a la Fiscalía Anticorrupción que no pudo fiscalizar los expedientes vinculados a la Consejería de Empleo, dado que era «algo imposible por falta de objeto» ya que no había documentación sobre los gastos ni órdenes de pago.

El ex interventor general había declarado ya, a petición propia, en el Tribunal Supremo (TS), hasta el que llegó momentáneamente el caso, y con anterioridad contestó a los interrogantes que le planteó la anterior instructora del proceso, la que lo ha armado: la jueza Mercedes Alaya.

Otra causa de «especial» complejidad

Era previsible por los antecedentes. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la titular del juzgado sevillano que instruye varias «macrocausas», María Núñez Bolaños, que declare de «especial complejidad» el proceso relativo a los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. El Ministerio Público ya hecho esa petición en el ámbito de otras diligencias que se arman en la comunidad, como la de los cursos de formación o Invercaria. Confirmar esa categoría, permitiría a la jueza contar con 18 meses para finalizar la instrucción, de acuerdo a lo fijado por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.