El ex interventor de Empleo ratifica el «menoscabo muy grave de fondos»

El ex interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque ratificó ayer ante la juez su declaración como testigo ante la Guardia Civil, en la que reconoció el «menoscabo» de fondos públicos. La juez Alaya le imputó dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó medida cautelar alguna para el encausado, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias se adhirieron a lo que decida la magistrada.

Durante la declaración, la juez Alaya le recriminó que respondiera «con evasivas» a las preguntas formuladas. El imputado ratificó la declaración que prestó como testigo en julio de 2012 ante la Guardia Civil, en la que admitió que en el caso ERE «ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos» y que «se debió hacer algo al respecto». Su defensa señaló que «en la declaración de la Guardia Civil se dijo que había habido algunos expedientes que habían formulado reparos». Los agentes ya cuestionaron si «en la realización de dicha labor de fiscalización de las ayudas alguien le ha presionado en el sentido de no poner reparos a las mismas», a lo que respondió que «no se ha sentido presionado» aunque «sí urgido en relación con determinados expedientes». Ante la juez Mercedes Alaya, Luque calificó como «habitual» que le «urgieran», ya que «los gestores administrativos siempre intentan acelerar el proceso».

Luque declaró que, de haber conocido el informe del 2003 del interventor general de la Junta, «hubiese puesto reparos suspensivos a las transferencias a IDEA con devolución del mismo al órgano gestor». Siempre bajo la hipóteisis de que «le hubiera sido comunicado» como «orden de un superior». El imputado declaró que sus superiores deberían haberle informado de los reparos, pero también matizó que no existían normas escritas al respecto, según fuentes del caso. Luque se refirió a «la omisión durante una década de la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Agencia IDEA, o de un control especial a la línea de subvenciones que está prevista en su reglamento, es incomprensible teniendo en cuenta que el IFA recibió casi el 40% del total de las transferencias de financiación del presupuesto de la Junta y realiza un programa anual de control de subvenciones que no atendió estas ayudas».

Luque también destacó que, de haber conocido el informe realizado en el año 2003 por la Intervención general de la Junta, habría emitido informes «de disconformidad» y «con efectos suspensivos» de los pagos.

La magistada, según la declaración, a la que accedió LA RAZÓN, considera que Luque «omitiría cualquier reparo en los ejercicios 2008 y 2009 en la fiscalización de documentos, conociendo a través de los mismos que se concedían ayudas sociolaborales sin sujeción al procedimiento legalmente establecido. En 2010 supuestamente fiscalizó «la encomienda de una manera global» cuando «lo que presuntamente debería haber hecho y exigido a la Dirección General de Trabajo era fiscalizar cada uno de los expedientes».

El letrado de Juan Luque, José Estanislao López, defendió que «no existe ningún tipo de actuación que roce lo delictivo». Sobre partidas que se echaron para atrás, la defensa aclaró que fue «desde el punto de vista administrativo». Luque se mostró «satisfecho» del desarrollo de su testifical. Al término de la misma, subrayó que ha «aclarado todo lo que la juez necesitaba aclarar», según recogió Europa Press. El ex interventor subrayó que «es un funcionario» y «no tiene afán de protagonismo ninguno». Según manifestó, la declaración «no ha sido en ningún momento tensa», aunque «ha habido algún momento en el que la juez ha manifestado que no entendía mis respuestas, pero en cualquier caso ha sido todo muy agradable».