El final del FLA autonómico

Entre los problemas que ha de solventar el sistema de financiación autonómico ahora sobre la mesa está el de su déficit de responsabilidad fiscal. En definitiva, el problema no es otra cosa que el estar sometido a restricciones presupuestarias blandas. De manera aún más sencilla este tipo de restricciones blandas no se soportan en otra cosa más que en la idea de que, sea cual sea la situación financiera de las cuentas regionales, antes o después habrá rescate por parte de la Administración General del Estado.

Esta situación es el preámbulo de lo que en economía se denomina problema de riesgo moral o incentivo a incumplir con el equilibrio financiero a sabiendas de que saldrá gratis de una forma más o menos maquillada. Esta es una situación sorprendente pues, en España, el 60 por ciento de los ingresos de los gobiernos regionales proceden de impuestos sobre los que pueden tomar ciertas decisiones de entre las que la más impopular es, por supuesto, subirlos cuando la recaudación resulta insuficiente. Esta situación coloca a las administraciones regionales españolas entre las que pueden hacer uso de una de las cotas de autogobierno más amplias, particularmente muy por encima de otros países con organización declaradamente federal.

Sin embargo, desde el debut de la crisis en 2008 el comportamiento de la deuda autonómica sobre el PIB se ha disparado como no lo ha hecho ninguna de las otras dos administraciones territoriales (la general y la local). Léaseme bien. No digo que la deuda autonómica sea la cuantitativamente más importante de las tres, escribo que es la que más rápidamente ha crecido. Por ejemplo, la administración local mantuvo un ajuste muy severo una vez que buena parte de los ayuntamientos españoles se acogieron al mecanismo de pago a proveedores que, a la postre, suponía dejar la administración de miles de ayuntamientos en manos de los interventores y secretarios municipales.

En mitad de la vigencia del actual sistema de financiación y con ocasión de la irrupción de la crisis se creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Técnicamente es una línea de crédito creada por el Gobierno de la nación española en julio de 2012 a través de la que el Estado presta dinero a las comunidades autónomas para que éstas no tuvieran que financiar su deuda en los mercados a unos tipos entonces prohibitivos por la elevadísima prima de riesgo. El FLA está gestionado por el Instituto del Crédito Oficial –ICO–, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La región más beneficiada por este fondo ha sido, naturalmente, la más endeudada (Cataluña). En 2007 la deuda de la Generalidad catalana ascendía a 15.776 millones de euros mientras que en Andalucía se situaba en 7.177 millones. La Generalidad debe ahora 75.443 millones.

La comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica que ha coordinado el profesor Ángel de la Fuente, ha servido para poner de manifiesto que en la cabeza de buena parte de las autoridades financieras regionales estaba bien asentada la idea de la «quita de la deuda» que tenían contraída con el Estado a través del FLA. Algo que, afortunadamente, no parece que vaya a prosperar, pues sería un precedente letal para el rigor futuro de la gestión de las cuentas públicas.

El profesor de la Fuente ha tenido oportunidad de referirse a esta situación nuevamente en un seminario organizado en Sevilla por CESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España, que preside Fernando Seco y que es una asociación sin ánimo de lucro fundada por 50 empresarios y altos directivos de Andalucía. Una institución que, como el Observatorio Económico de Andalucía que dirige el profesor Francisco Ferraro, musculan la sociedad civil andaluza.

Con todo hay que recordar que el FLA no forma parte del sistema de financiación en vigor, es un añadido fruto del marcado carácter cíclico de los ingresos que afluyen a las finanzas regionales procedentes de sus impuestos. Por ello deja de ser un tema lateral al mecanismo de financiación; un tema lateral que tiene sus meses contados por favorecer la tentación de pedir la quita de la deuda con el Estado. Ahora bien, no es el único de los temas laterales sobre los que se debatió en la convocatoria de CESUR. El otro gran asunto –que también iba más allá del mandato recibido por la comisión de expertos de financiación autonómica– era el mapa de distribución de competencias y, ¡ojo al dato!, la oportunidad de caminar a una Agencia Tributaria única en la que participasen las agencias regionales y locales para poder aprovechar las economías de escala en la lucha contra el fraude fiscal.

La idea de que el mapa de distribución de competencias entre los tres niveles de la Administración es intocable no resiste ningún razonamiento lógico. Como toda ley es fruto de un proceso de decisión político y debe ser permeable a su modificación en aras del mejor servicio al ciudadano. La modificación en el cambio en las competencias en materia de guarderías infantiles es sólo un ejemplo de cómo un servicio básico como la educación admite revisiones competenciales. Así las cosas, nada debería impedir que las competencias de otros servicios ahora transferidos asimétricamente como las policías autonómicas, puedan y deban revisarse cuando su uso al servicio de todos los ciudadanos está fundadamente cuestionado en algunas regiones españolas.