El parque de la salud de Granada adeuda 19 millones al Ministerio de Economía

La fundación que gestiona el PTS detectó en 2016 «desajustes financieros» en sus cuentas

El colapso del entramado del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada por el que tantas veces se ha sacado pecho desde el Gobierno andaluz. Esto es lo que estaba en juego. Un batallón de diputados autonómicos de Podemos, David Moscoso, Esperanza Gómez, Carmen Lizárraga y Jesús Alberto de Manuel Jerez, preguntaron al Ejecutivo regional por la veracidad de que éste fuera abonar a aquél 8,4 millones de euros antes de que finalizara 2017 para «sanear sus cuentas». Los parlamentarios de la formación morada querían saber que órgano de la Junta había tomado la decisión de hacerlo y en base a qué criterios. Les ha respondido el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de su contestación, datada el pasado octubre pero hecha pública en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) de ayer, se infiere un dato significativo: el PTS ha llegado a acumular una deuda con el Ministerio de Economía y Competitividad de casi 19 millones.

Arellano explica en su escrito, consultado por LA RAZÓN, que la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada «se constituyó en 1997 como una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza pública, ya que la dotación fundacional fue aportada por un conjunto de entidades de las cuales el 87,05%» eran de esa naturaleza y «el 12,95%» restante de carácter privado. Su actividad principal es la gestión del PTS, que abarca «625.000 metros cuadrados» en los que están instalados unos cien actores y a los que acuden a trabajar «unas 5.000 personas –alrededor de 2.200 en el hospital Campus de la Salud ubicado en él–. Cuenta además con un patronato integrado por la Junta, la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de la capital, Armilla y Ogíjares y los entes financieros BMN-Caja Granada y Caja Rural de Granada. A éstos se suman una serie de colaboradores como la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio de Granada o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según admite el consejero, en «el contexto de la crisis económica generalizada», a comienzos de 2016 la fundación «constató desajustes financieros». A partir de ahí se llevó a cabo un diagnóstico de situación y una auditoría «de las cuentas» de la fundación de cara a cifrar el estado «económico-financiero de la misma». Del análisis de la contabilidad general, se concluyó que el ente había llevado a cabo «importantes inversiones en bienes inmuebles», lo que, a juicio del titular andaluz de Economía, «conlleva una sólida capitalización». Si bien, para acometer «las últimas», el ente gestor del PTS recurrió, de acuerdo a la información proporcionada por la Junta, a «préstamos a largo plazo del Ministerio de Economía y Competitividad» con el que «se mantiene una deuda de 18,9 millones». Es más, hace alusión a la existencia de «un riesgo de insolvencia a corto plazo», del que se culpa al ministerio por no conceder «moratorias de pago» y por su «escasa sensibilidad» para «renegociar el préstamo». Apuntar hacia arriba no es raro.

Arellano se para en el margen para añadir luego que «los actuales bajos retornos de la inversión» comportan «un riesgo de deterioro patrimonial a largo plazo», por lo que parece evidente «la necesidad de abordar un plan de viabilidad» ligado al parque, que esboza. ¿Quién aportará fondos para ampliar el patrimonio fundacional de la entidad y solventar la crisis? El Gobierno andaluz, el único patrono que, para el consejero, podía hacerlo «en los momentos actuales», ya que el resto «ha manifestado la imposibilidad de hacer frente» al aumento de fondos. De hecho, el Ejecutivo regional hizo otra contribución de 8,4 millones de euros -con el visto de las consejerías de Hacienda y Administración Pública; Empleo, Empresa y Comercio; Economía y Conocimiento y la de Salud-, a la fundación a finales de 2017 por «razones económicas de interés general», por lo que la participación de la Administración andaluza en la misma pasó del 53,7 por ciento a un 97.