El PP-A deja la recusación de Núñez en la causa de IDEA en manos de la Audiencia

Recurre la decisión de la jueza de rechazarla por no ser parte del proceso

«Infracción» de los derechos ligados a la tutela judicial efectiva, a la recusación, al acceso a la jurisdicción y a un proceso público con todas las garantías, así como del artículo 24 de la Constitución española. Éstos son los motivos en los que los representantes procesales del PP-A han fundamentado el recurso de apelación directo que han interpuesto ante la Audiencia de Sevilla, para combatir la decisión de la jueza María Núñez de inadmitir el incidente de recusación contra ella planteado por los populares en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA de la Junta, al trabajar su cuñada en esa entidad pública. La magistrada alegó para rechazar la pretensión del PP-A que éste no era parte en el procedimiento judicial al no estar resuelto el asunto de la fianza de 30.000 euros que le impuso para poder ejercer la acusación popular, una cuantía que la Fiscalía pidió que se rebajara.

«Es precisamente ante la exigencia de una fianza desorbitada, desproporcionada y carente de fundamento» por parte de la jueza, argumentan los abogados del PP-A en su recurso, y «a raíz de las manifestaciones desafortunadas y parciales realizadas» por Núñez en el auto donde se confirmó el depósito, cuando formularon la recusación «en los obligados diez días siguientes a la notificación del citado auto y tras haber formulado el procedente» recurso contra el mismo. Un camino que demostraría algo para los letrados del PP andaluz: que el «interés legítimo» de su cliente en la causa «no ha decaído». Y hay más en el recurso, al que tuvo acceso LA RAZÓN. Añaden que es de «general conocimiento» que «la denuncia de la ausencia de imparcialidad de un juez sólo es posible a través de los trámites fijados procesalmente para la recusación del mismo», a lo que suman que el Tribunal Constitucional (TC) «integra, en el concepto de parte legítima, a aquéllos que tengan derecho a ser parte y se personen en el proceso» como el PP en las diligencias sobre IDEA.

Los representantes procesales del PP-A piden a la Audiencia, en última instancia, que «anule y deje sin efecto» la resolución en la que la magistrada inadmitió el incidente de recusación y que ordene al juzgado sevillano «la inmediata incoación y tramitación» del mismo al entender que, de lo contrario, se habrían vulnerado los derechos de su cliente.