El saqueo sindical

El PP exige la comparecencia de Cándido Méndez en el Parlamento

El secretario general de UGT, Cándido Méndez
El secretario general de UGT, Cándido Méndezlarazon

El bipartito andaluz tiene, de nuevo, la oportunidad de corroborar con hechos la defensa de la transparencia. La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, anunció ayer que su formación va a solicitar la comparecencia del secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento andaluz para que explique la participación del sindicato en el posible uso irregular de fondos públicos de la Junta.

Corredera recordó que esta petición de comparecencia se suma a las que los populares ya pidieron en su día de Manuel Pastrana, Francisco Fernández y de Federico Fresneda, y que fueron rechazadas por el bipartito. «Es el momento de que los andaluces sepan la verdad y de llegar al fondo de toda la cuestión y que podamos conocer de primera mano las explicaciones en este caso del líder nacional de UGT y también de los que hasta hace poco eran los líderes en Andalucía porque ellos mejor que nadie pueden aclarar estas supuestas irregularidades», dijo. Corredera aseguró que «el silencio de Susana Díaz en relación con el asunto de UGT es más significativo y dice más que toda su palabrería» e indicó que «este silencio es la prueba evidente de que hay algo que quiere ocultar». «Siguen aumentando las sospechas de complicidad y connivencia de la Junta en el fraude de UGT», añadió. «No sabemos si Díaz se ha quedado muda por tanta vergüenza ante la corrupción o si se ha quedado muda porque está decidida a silenciarla y a intentar esconderla bajo las alfombras de San Telmo. A Díaz le tiembla el pulso y también la voz a la hora de limpiar la corrupción en Andalucía, que fue lo que prometió a los andaluces en su debate de investidura», apuntó.

Corredera destacó que la personación de la Junta en la causa contra UGT es una decisión política que Díaz está obligada a tomar e incidió en que ésta no puede continuar intentando utilizar a los servicios jurídicos de la Junta como escudo ante su cobardía política para actuar frente a un posible fraude de UGT. «Está obligada a personarse para defender a los andaluces, para defender el dinero de éstos y para recuperar lo que se haya podido desfalcar en este caso a nuestra comunidad», agregó. «Aquí, como en el caso de los ERE, parece que están más interesados en actuar como defensa que como acusación», manifestó. El PP criticó que el Gobierno andaluz haya mirado para otro en relación con este asunto y que no haya depurado las obligadas responsabilidades políticas, por lo que éste es uno de los motivos por los que va a presentar la Propoposición No de Ley. Los populares pedirán que con carácter urgente se lleve a cabo una auditoría de la gestión y del uso de las transferencias de financiación.

Por su parte, el PSOE defendió que no habrá «causa general» contra UGT. El líder de IU, Antonio Maíllo, consideró que la Junta «debe seguir investigando». Desde el Gobierno, Valderas manifestó que «lo primero es recuperar el dinero» y que la Junta está actuando «con firmeza».