El saturado Consejo de Transparencia busca fuera asesores

Externaliza la cobertura de servicios jurídicos con cinco contratos en 2017 en una coyuntura de escasez de personal para realizar su labor

El hecho de que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) que dirige Manuel Medina Guerrero no pueda desarrollar su labor con normalidad y a pleno rendimiento al estar bajo mínimos en cuestión de personal del que advirtió el pasado domingo la diputada autonómica del Grupo Parlamentario Popular Teresa Ruiz-Sillero, tiene su correlato en los expedientes registrados en el vivero de datos que constituye la plataforma virtual de contratación del Gobierno regional.

Este organismo, creado en virtud del artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de la comunidad como una autoridad independiente de control, reconoció en un escrito vinculado a una denuncia llevada a cabo por los populares tras comprobar que la Junta no había publicado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para este ejercicio 2017 que, «por cuestiones ajenas» a su «esfera de decisión», no se asignó personal «con la debida cualificación técnico-jurídica para tramitar y resolver las numerosas reclamaciones, denuncias por incumplimiento de publicidad activa y demás asuntos que diariamente se presentan ante la institución». En ese escenario, lo que sí ha hecho el consejo es tirar de un recurso bien conocido por los entes de la órbita del Ejecutivo regional: las externalizaciones, en su caso ligadas a servicios de asesoría jurídica. De hecho, LA RAZÓN ha localizado cinco contratos de ese tipo formalizados en lo que va de año, todos ellos incluidos en la categoría de menores, que supusieron el pago de una cuantía global de 3.037,1 euros. Con el primero, fechado el 13 de enero se recurrió a M. D. V. Á., para cubrir las asistencia jurídica en un juzgado del ámbito de lo Contencioso-Administrativo y se abonaron por ello un total de 423,50 euros. Al mes siguiente consta otra contrata, resuelta en concreto el día 7 por un importe de 871,20 euros, para la defensa en otro órgano judicial de la misma vía pero distinto y el adjudicatario fue J. V. R. E. La anterior, M. D. V. Á., volvió a serlo en dos ocasiones más con los mismos fines pero en juzgados diferentes: en la siguiente contratación reflejada por orden cronológico, una del 15 de febrero que supuso un desembolso para las arcas públicas de 496,10 euros; y en otra datada el 17 de marzo, cuando la cantidad a pagar fue de 375,10. Antes, el 15 de febrero, había sido elegido de nuevo J. V. R. E. para que se ocupara de la defensa hilvanada al consejo ante un órgano judicial de lo Contencioso-Administrativo y sus honorarios se elevaron hasta los 871,20 euros. En conjunto esas contratas de asesores al margen de la entidad superaron los 3.000 euros, como ya se indicó.

En el sitio web del Gobierno andaluz no se especifica nada más en torno al contenido de esas citas judiciales, aunque tenga que ver con la máxima autoridad en transparencia de la región, pero de lo relatado puede desprenderse que, en efecto, el Ctpda no tiene recursos cualificados propios suficientes para afrontar sus necesidades técnico-jurídicas, lo que implica una puerta de salida del dinero público al tener que buscarlos fuera de su esfera.

En relación al personal con el que en teoría sí cuenta, cabe recordar que en el escrito antes aludido desvelado por el PP se explicaba que, para intentar paliar la situación de escasez de efectivos, en el ejercicio 2015 «se recurrió al nombramiento provisional –en los términos previstos en el artículo 1 0.1 d del Estatuto Básico del Empleado Público– de tres funcionarios interinos, que se adscribieron al Área de Transparencia». Pero no fue una solución definitiva. ¿La causa? Hubo un problema. «Dado el límite temporal que impone a estos nombramientos la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la prestación de sus servicios se limitó a un periodo de seis meses», por lo que «las carencias de plantilla en dicha área han vuelto a repetirse», según reconoció el propio organismo andaluz de transparencia. Y los ecos de la falta de personal parece que resonarán además durante algún tiempo. Pese a que la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consejo, que deberá incluir la dotación mínima de plazas para el ejercicio de las competencias que se le han asignado, tendría que poner fin a la precariedad de recursos humanos del área de transparencia; lo cierto es que ésta continúa en fase de tramitación ante los órganos correspondientes, aunque fue presentada «en el mes de junio de 2016, dentro del plazo temporal previsto en los Estatutos del consejo». En definitiva, las circunstancias descritas «impiden», a pesar de «los esfuerzos del personal asignado» a la entidad, «poder cumplir los plazos previstos en la normativa de aplicación».

El organismo que coordina Medina Guerrero tiene que hacer frente a quejas y peticiones planteadas no sólo por los partidos de la oposición como el PP, también recurren al mismo organismos como Ecologistas en Acción, de lo que ha dado cuenta este diario, o los ciudadanos en general. Hasta el último 31 de marzo había tramitado 101 reclamaciones contra resoluciones de la Junta, de las que rechazó el 59 por ciento.