«El sector público es el hermano siempre en el sofá mientras el otro trabaja»

Reclama un acuerdo de Gobierno en España para que las comunidades autónomas se activen. La interinidad supondrá siete mil millones menos de PIB para Andalucía.

–Hay un 90% de españoles hastiados de la situación política. ¿Qué grado de hartazgo tienen los empresarios?

–Hay una sensación de hastío, de cansancio, de agotamiento y hasta de frustración y eso tiene sus riesgos. Hemos olvidado el espíritu de la Transición, cómo construir un país entre todos y ceder. ¿Qué ocurre? Que además se dan unos factores negativos que pueden provocar esa tormenta perfecta: la madurez de la democracia, que después de dos generaciones necesita una regeneración –eso ocurre en todos los países, cada 38-40 años, yo lo denomino el «efecto Tedax»–. Cada dos generaciones, los ciudadanos perciben que hay un agotamiento del sistema, pero más importante es cuando dice «no sirve para nada la clase política». Y eso es un error.

–Es difícil cuantificarlo, pero ¿qué coste tiene para España y Andalucía la situación de más de 300 días sin Gobierno?

–Solamente los efectos de la parálisis institucional en las previsiones macroeconómicas para el año 2017 van a significar más de medio punto de producto interior bruto (PIB) menos en Andalucía –unos siete mil millones de euros–. Cada 143 días ha habido un proceso electoral y acción de Gobierno con cierta libertad solo tres meses entre convocatoria y convocatoria. Eso dificulta mucho que la economía se pueda recuperar. Todavía no hemos certificado el acta de defunción de la crisis, hay muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) que lo siguen, lo seguimos, pasando mal porque el PIB no ha crecido lo suficiente para recuperar la caída tan brutal. En los ocho años de crisis Andalucía ha perdido el 10% de su tejido productivo, 54.000 pymes y autónomos. En los dos últimos años se han recuperado casi veinte mil, pero ese esfuerzo enorme que está realizando el sector privado necesita de una estabilidad institucional que genere seguridad.

–En cuanto a los fondos de formación, no hablamos ya de los problemas legales sino de la parálisis por la falta de recepción de fondos europeos durante cuatro años. ¿Se ha instalado un temor en la Administración?

–La Administración tiene que transformarse. Desde que ha empezado la crisis los empresarios estamos recibiendo consejos de los mercados, de Bruselas, de la OCDE... sobre qué tenemos que hacer para ser competitivos. Y sinceramente el sector público está muy relajado. Yo haría el símil con dos hermanos, uno de ellos está a dieta, controla su colesterol, hace deporte, trabaja un montón de horas y el otro está siempre en el sofá con el mando de la tele. Es una Administración complaciente, cómoda, que además con todos los casos de judicialización que hemos vivido, ha echado el freno en su eficiencia. Por lo tanto, es básico una reforma profunda.

–¿Es la gran reforma que falta?

–Es una de ellas. Y pasa por modificar por ejemplo sin ningún temor la Ley Electoral. No comprendo cómo para elegir a la presidenta del Congreso el voto es secreto y para elegir al presidente del Gobierno tiene que ser a mano alzada, con disciplina de partido. ¡Modifíquese! Seguramente tendríamos Gobierno si fuera secreto. Ya es el momento de plantearse cosas serias. Las últimas medidas de meterle la mano a las empresas con carácter retroactivo para paliar el déficit hace que las grandes compañías digan: no invirtamos porque este país no nos da la confianza que debiera. Eso es lo que preocupa más, la inseguridad jurídica.

–Ya que ha tocado el tema fiscal, en su opinión, ¿hacia dónde debería ir encaminada una reforma? Teniendo en cuenta además que España ha incumplido repetidamente el déficit que impone Europa.

–La fundamental es acabar con la asimetría fiscal, es casi esquizofrénico conocer los 17 regímenes fiscales de las comunidades autónomas, más el del Gobierno, más la capacidad impositiva de los ayuntamientos. Provoca desigualdades entre territorios, como el Impuesto de Sucesiones, con comunidades con una bonificación del 99% como Madrid o Navarra. La Unión Europea (UE) no lo debería consentir. Si además del efecto capitalidad a Madrid se le otorga una fiscalidad extraordinaria, el mérito es que sigamos teniendo casi medio millón de empresas en Andalucía. Yo diría algo que puede sonar duro: Andalucía quizá es el mejor lugar para vivir de España, pero es uno de los peores para morir.

–¿Cree que quien está a la cabeza de la Administración, la mayor empresa de la comunidad por número de trabajadores, está más pendiente de otras cuestiones?

–Si la presidenta de la Junta está coparticipando en un proceso de regeneración de su partido para ayudar a la gobernabilidad del país, ésa es la prioridad y los andaluces lo tenemos que entender. Seguramente no se marchará, pero debe priorizar para que no haya unas nuevas elecciones. Una cosa lleva a la otra: en el momento en que haya mayor estabilidad a nivel nacional, las comunidades se van a activar, están todas en modo pasivo. Si se puede ayudar desde Andalucía y luego eso tiene su retorno, pues mejor.

–¿Ve posibilidad de que los partidos alcancen un acuerdo estable para que se acuerden los presupuestos de 2017 y 2018?

–Veo que es un órdago interesante. Nadie ha hablado de líneas rojas, como en las primeras elecciones. Ahora hay unas personas muy capacitadas por parte tanto del PP como del PSOE para alcanzar un acuerdo, por lo tanto, soy positivista. Lo deseable sería un acuerdo de investidura, conseguir dos años de presupuesto es excesivo. Y lo más importante, aprobar el techo de gasto público para que las comunidades autónomas puedan aprobar sus presupuestos. Si tenemos unos presupuestos pactados entre las dos fuerzas mayoritarias políticas junto con Ciudadanos sería excelente.

–¿No se ha dejado pasar la oportunidad de la crisis para bascular el sistema productivo y promover una alternativa industrial?

–Hay un objetivo europeo, el Horizonte 20/20, que consiste en tener un equivalente del 20% del PIB de nuestra comunidad en el sector industrial. Va a ser muy complicado porque estamos en el 13-14%, las industrias no se generan de forma espontánea, y todavía estamos saliendo de una recesión muy grande. Es casi heroico abrir una industria en Andalucía como consecuencia de los controles, que no digo que no se cumplan: hay proyectos que llevan ocho o nueve años esperando para ampliar plantas y crear más empleo por la hiperregulación medioambiental y urbanística. Y no se trata tanto de cambiar el modelo productivo como de hacer más productivo el modelo. Cuando la construcción se nos vino abajo pensábamos que era el abismo y no fue así. Era importante, fíjense que del millón de desempleados, uno de cada dos procede de la construcción. Eso significa que si fuéramos capaces de activarla a un 30% de lo que fue, podríamos tener 250.000 empleos garantizados con personas con difícil inserción en otras actividades. Si no tienes más industria, intenta que el sector servicios se introduzca en la cadena transversal: por ejemplo, un hotel que fabrique sus propias toallas o utensilios. Lo importante es que consolidemos lo que somos. Y cuando una empresa se quiera instalar, no se cuestione. Cuando se ha planteado abrir una refinería petrolífera, lo primero que ha surgido han sido voces negativas. Es lógico que nos hagamos preguntas, pero es interesante antes de rechazar un proyecto analizarlo con rigor.

–Mirando la evolución del paro en los últimos tres años, sigue disminuyendo menos que a nivel nacional. ¿A qué lo achaca?

–Cuesta mucho más crear empleo neto a consecuencia de que hemos perdido 300.000 puestos en estos años de crisis. Tenemos unas inercias y unas diferencias ancestrales, a eso añádale un complemento más: una tasa de desempleo juvenil del 58%. Luego tenemos el hándicap de nuestra estructura empresarial: nueve de cada diez empresas no tienen más de cinco trabajadores.

–Desde determinados ayuntamientos se está planteando la posibilidad de la tasa turística, ¿no se está jugando con la gallina de los huevos de oro?

–Absolutamente. Es una medida populista y poco meditada. En Barcelona se ha aprobado una moratoria de hoteles y está haciendo un daño importante. Cualquier medida fiscal decidida a golpe de impulso sin más me parece muy desafortunada. En ese sentido, podemos hablar también del proyecto de Ley de Cambio Climático. Estamos intentando convencer a la Junta desde la CEA de que no se puede crear un impuesto encubierto para el llamado sector difuso –turismo, comercio, transporte, agroalimentación– en función del consumo de electricidad, va a afectar muchísimo a la competitividad de la empresa. Todo el mundo acaba siempre con la misma conclusión: voy a poner un nuevo impuesto.

–Se alude al paro pero se está posponiendo el debate de las condiciones de los nuevos contratos. Los estudios sociales sitúan en riesgo de exclusión y pobreza a gran parte de los trabajadores.

–Los empresarios no estamos nada satisfechos con el tipo de empleo que se crea, aunque es muy complicado apostar por otra modalidad de contratación que no sea la temporal. Aun así hay que hacer una puntualización: uno de cada cuatro empleos es temporal; el resto, indefinido. Otra cuestión es que analicemos mes a mes el volumen de contratos temporales.

–No es solo referido a la temporalidad, si no a cuánto cobran al mes esos trabajadores.

–Vamos a recordar cuando en este país una persona cobraba mil euros y era casi un apestado social porque era mileurista. Los contextos son distintos. La realidad es muy compleja, las empresas tienen que tener beneficios para continuar, ojalá pudiéramos pagar más y mejor. Aquí voy a hacer una llamada importante: el coste de la contratación. Se habla del despido, pero eso no tortura al empresario, lo que le preocupa es el elevadísimo coste de contratación. Estamos en un 35,6% –sumando lo que trabajador y empresa aportan–. Eso no existe en los países de la UE. ¡Reduzca las cotizaciones sociales por cada contrato indefinido diez puntos! Los contratos se disparaban, es tan sencillo como eso, pero hay pánico a tocar ese asunto.

–¿Cree que la CEA gestionó con toda la eficiencia que se le puede pedir los fondos para cursos de formación teniendo en cuenta el resultado y la tasa de paro? Entre 2009 y 2010 manejó 83 millones de euros.

–Para empezar, yo no estaba. La formación se hizo bien, era la adecuada, pero no nos engañemos, no te garantiza un empleo. Este proceso ha existido en todas las comunidades y quizá no se hizo un análisis a posteriori de los resultados que pudo tener en el mercado de trabajo. Tampoco podemos ser responsables del empleo que no se genera en una comunidad. El caso de la formación ha tenido más notoriedad sobre todo en Andalucía, pero les garantizo que en Madrid ha habido casos parecidos, y en Valencia... Posiblemente se han cometido errores y ahí está la Justicia para depurar responsabilidades, pero entiendo que el problema no ha sido en sí de las empresas que lo han ejecutado, si no un deficiente funcionamiento de la Administración, que no ha controlado.

–La estructura interna de la CEA ha sufrido un «estrangulamiento» provincial. ¿Cuál es el estado de la patronal?

–Más que estrangulamiento lo que estamos es en fase de contracción. La CEA ha llegado a tener 130 personas en plantilla y estamos en 30. A mí me ha tocado hacer esa labor compleja, llevo dos años y medio de sufrimiento y pidiendo perdón por los pecados que no he cometido. Sí puedo decir con orgullo que tenemos una base asociativa muy potente, más de 170.000 autónomos y pymes, hemos incrementado la afiliación un 12% en el último año y vamos recuperando la normalidad con enorme sacrificio.

–¿Cómo puede atajarse la economía sumergida?

–Es un cáncer que tiene este país. Ha crecido más de un 30% en estos años de crisis. Existe permisividad y eso ni lo representamos los empresarios ni son empresarios: son piratas, con parche y garfio. Requiere un cambio de cultura que debe promover el sector público, no con el elemento punitivo de ir a visitar al que paga, que siempre se inspecciona curiosamente al que está dado de alta. Es verdad que en estos años la economía sumergida ha podido tener un efecto balsámico para evitar otras situaciones sociales más graves, pero la moratoria se terminó.

–Y respecto a la financiación, ¿cómo afecta la situación de la banca? El Estado se ha endeudado para salvarla, no hay cajas de ahorros y los grandes bancos son cada vez más sistémicos.

–Afecta muchísimo al día a día, si no hay financiación no hay futuro. Esa carestía y esa carencia de crédito es uno de los elementos que han abocado a muchas empresas a desaparecer, diría por estudios que hemos hecho que una de cada tres. Las entidades están perdiendo la territorialidad y es muy preocupante sobre todo en los ámbitos rurales. Cuando un banco te daba la espalda podías buscar otro, si al final quedan cinco lo vamos a tener complicado. Estamos expectantes porque, no nos engañemos, una vez que se produzca el Santo Advenimiento y tengamos nuevo Gobierno, va a haber una nueva reestructuración de la banca.