El servicio de valoración de dependientes, en riesgo

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para investigar la situación de los trabajadores valoradores de la dependencia.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para investigar la situación de los trabajadores valoradores de la dependencia, ante la inclusión de las plazas vacantes en el próximo concurso de traslados, un asunto por el que, a su juicio, «el servicio resultará ciertamente afectado, dado que, salvo excepciones, la mayoría de los funcionarios que opten a los puestos carecen de la formación y experiencia sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía».

En el texto de la actuación, dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el Defensor explica que han comparecido en la institución una representación de funcionarios interinos del departamento que dirige María José Sánchez Rubio que, desde hace más de nueve años, vienen prestando sus servicios en las distintas delegaciones territoriales, realizando las funciones de valoración de dependencia; se trata de trabajadores sociales y personal administrativo de apoyo. Así, destaca que desde la propia Consejería de Igualdad se ha señalado en diversas ocasiones que el trabajo y dedicación que desarrollan estas personas «(...) es imprescindible también en la aplicación y desarrollo del Sistema para la Autonomía Personal y atención a la Dependencia, para garantizar este importante derecho social, que ha cambiado la vida de las personas en situación de dependencia y de sus familias».

De este modo, informa de que en Andalucía hay un total de 225 valoradores que son profesionales del trabajo social, una figura que en la comunidad andaluza se implantó tras la aprobación de la Ley de Dependencia de 2006 y que «acreditan una alta formación y experiencia, como lo demuestra que durante el pasado ejercicio de 2015 se realizaron más de 68.000 valoraciones iniciales y revisiones en Andalucía».

En su actuación de oficio, la Defensoría explica que el colectivo afectado expuso su «preocupación» por la situación ante la convocatoria de provisión, mediante concurso de méritos de personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, donde se ofertan las plazas que vienen ocupando. Además, indica que «sin perjuicio de los derechos que les asisten a los funcionarios de carrera de acceder a dichos puestos, es evidente que el servicio resultará ciertamente afectado dado que, salvo excepciones, la mayoría de los funcionarios que opten a los puestos carecen de la formación y experiencia sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía». Del mismo modo, agrega que «se perdería la acreditada experiencia e inversión en formación dispensada al colectivo en estos años desde que se puso en marcha la ley».