El TSJA apoya que Alaya se quede con las 4 «macrocausas» pero le pide celeridad

Alaya se ha impuesto. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó ayer que la magistrada, que se reincorporó la semana pasada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras casi seis meses de baja médica, continúe con la instrucción de las cuatro «macrocausas» que investigaba antes del parón –los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis y dos sumarios ligados a Mercasevilla–.

Fuentes consultadas por LA RAZON ya habían advertido de que el Alto Tribunal andaluz no podía imponerle al margen de su voluntad una distribución del trabajo que incluyera a los dos jueces de refuerzo que asignaron al órgano judicial, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, al ser la juez titular. Lo que sí ha hecho el TSJA es un diplomático aviso con una clara destinataria. Su Sala de Gobierno ha dejado constancia de «la importancia de que no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas». Y ello, pese a ser sus componentes conscientes de «su complejidad» y de la «extraordinaria dedicación» que requieren. ¿En qué justifica el TSJA la recomendación? En el objetivo de que «el proceso penal se ajuste a pautas temporales razonables y a asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia».

En ese sentido, cabe recordar que abogados de algunos de los implicados en las causas que dirige Alaya lamentaron a este periódico que sus clientes «lleven años imputados sin haber sido llamados a declarar todavía».

Al margen de la agilidad, la magistrada ha vencido además el segundo «asalto». El TSJA acordó también ayer dejar en su juzgado uno sólo de los dos jueces de refuerzo que se le habían asignado, atendiendo así a todos los requerimientos que Alaya planteó por escrito el lunes al presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río.

La Sala de Gobierno decidió la adscripción al juzgado sevillano número 6 de Curra o Reyes «en calidad de juez de apoyo, durante el plazo de seis meses» prorrogables «por plazo igual o inferior». ¿Cuál será su cometido? Éste «se proyectará, con plena jurisdicción, en el trámite y resolución de los asuntos ordinarios» del órgano judicial, «incluidos singularmente todos los procedimientos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento». Todo ello «sin perjuicio de colaborar con la magistrada titular y ejercer funciones de sustitución interna», según marcó el TSJA.

Lo que no hace el tribunal superior es decidir cuál de los dos magistrados afectados se quedará. De hecho, la Sala de Gobierno pacta que sea Del Río, «de quien dependen los jueces de adscripción territorial», quien opte por uno u otro. Y será el mismo presidente quien tenga que valorar si designa o no al que quede relegado de su actual destino «para cubrir alguna de las vacantes existentes en Sevilla».

Fuentes consultadas por este diario apuntan que «si Alaya pudiera elegir, por afinidad personal optaría por Reyes», quien, como Curra, solicitó a Del Río un reparto de los procesos mediáticos, aunque no llegaron a especificar con qué causas se podría quedar cada uno. Ni hubo posibilidad de «acuerdo pacífico». Ahora resta por saber si en las próximas semanas se deja de «respirar tensión» en el juzgado, deslizan otras fuentes, y «se imprime un empuje a las causas paralizadas», como exigen representantes legales de algunos de los imputados por Alaya.

La Junta avisa ahora del «riesgo de prescripción»

No sólo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió ayer agilidad a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, no dudó en subrayar el «interés» de aquél en que, en concreto la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, se lleve a cabo con «celeridad» y con «diligencia», dado que, según advirtió, «existe un riesgo real de prescripción de

determinados delitos». Vázquez rehuyó opinar sobre el conflicto del reparto de tareas en el juzgado, por respeto al «principio de separación de poderes», pero, a renglón seguido, instó a la juez a «poner cuanto antes los hechos definitivos sobre la mesa y que paguen los responsables». «Entendemos que el propio juzgado –añadió– está interesado en llegar al fondo del asunto», para recuperar «el dinero que haya podido ser defraudado». Y por si había dudas, reiteró: «El Gobierno no entra a valorar cómo se distribuye el trabajo. Ahora bien, pedimos que se haga la instrucción con celeridad, diligencia y rigor».