El TSJA obliga a la Junta a cerrar un canal de TDT que adjudicó a Lanzas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado una petición de la Junta que solicitaba no ejecutar una sentencia de mayo de 2015 que anulaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de julio de 2008, por el que se resolvió «el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre, de ámbito local, en Andalucía para su gestión por particulares». El auto, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que «no ha lugar a la pretensión deducida por la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, de 18 de mayo articulada a través de un incidente de inejecución».

El fallo que ahora tiene que ejecutar la Administración corresponde a un recurso presentado por Teleclub Ubetense SL, empresa que emitía como Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010 tras las adjudicaciones de Televisión Digital Terrestre que realizó la Junta dos años antes. El departamento encargado de todo este proceso fue la Consejería de Presidencia que ocupaba Gaspar Zarrías.

El fallo anuló parcialmente las bases de la convocatoria y conllevaba «la anulación de las adjudicaciones». Entre los argumentos esgrimidos entonces por el TSJA estaban sentencias anteriores en las que se señalaba que en el proceso hubo falta de motivación en la valoración de las ofertas presentadas, se vulneraron términos legales y que la comisión de valoración incurrió en arbitrariedad.

Teleclub Ubetense denunció el incumplimiento de la sentencia ante el TSJA y solicitó que «se debe declarar nula definitivamente la adjudicación de licencias de comunicación audiovisual televisiva TDT Local para lo cual el órgano administrativo competente ha de dictar la correspondiente resolución administrativa por la que se deje sin efecto las licencias afectadas».

En este nuevo auto, la Sala rechaza los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo andaluz para no respetar la decisión de los tribunales: «La pretensión del ente autonómico de suspensión de la ejecución del fallo de la meritada sentencia supondría la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) y del principio de intangibilidad de las sentencias».

Además, considera que «la necesidad de la tramitación unitaria de un nuevo concurso como consecuencia del concepto integral al que responde la TDT Local en Andalucía, no puede identificarse como una causa legal de imposibilidad de ejecutar el fallo de la susodicha sentencia...».

Tele Úbeda se quedó sin licencia, concesión que sí recibieron tres sociedades, dos de las cuales –Diez TV Úbeda y Canal 9 La Loma– se encuentran emitiendo actualmente. La segunda de estas empresas está vinculada con el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El Instituto Armado llegó a concluir en un informe que Lanzas era el «administrador de hecho» de Canal Baeza y La Loma SL, la empresa que explotaba la licencia de TDT en el municipio jiennense. Su cuñado Ismael Sierra, también imputado en la misma causa, era el responsable de la citada mercantil que operaba bajo el nombre comercial de «9 La Loma».

La UCO incluyó esta empresa «en un entramado empresarial, organizado y dirigido» por el ex sindicalista y a través del que «se canalizaba el dinero que procedía de la Junta y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste».

Los agentes no pasaron por alto que fue la Consejería de Presidencia de Gaspar Zarrías la que pilotó todo el proceso de adjudicación de las licencias de televisión digitial terrestre en Andalucía. De hecho, incluyeron en un atestado que forma parte de la causa de los ERE que «cabe destacar» que la orden por la que se dio publicidad a la adjudicación del concurso de los canales privados «fue firmada por el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías». En cualquier caso, la Guardia Civil no ha encontrado una vinculación efectiva entre el ex sindicalista y el ex vicepresidente durante la instrucción de este procedimiento.

La relación de Lanzas con esta licencia de TDT, de la que informó este periódico, fue llevada al Parlamento por el PP en 2014. El entonces consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, –cargo que sigue ocupando– defendió la legalidad del procedimiento así como su «transparencia», También presumió de que, a diferencia de la Comunidad de Madrid, no existía ninguna sentencia de anulación de ningún concurso en este ámbito.