Endosos bancarios se esfumaron antes de llegar a los titulares de las ayudas

Sevilla- En la segunda fase de la «Operación Heracles» de los ERE ha aflorado definitivamente la presunta connivencia de empleados de banca y entidades de crédito con la trama. Una de las formas de irregularidad es «el fenómeno anormal de los endosos», según recoge el amplio atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Beneficiarios de las ayudas del «fondo de reptiles» concedidas por la Dirección General de Trabajo (DGTSS) cedieron el derecho de cobro de éstas a favor de entidades financieras o las utilizaron como garantía en las operaciones de crédito, con el fin de «asegurarse los fondos subvencionados mucho antes de que formalizara el convenio entre la DGTSS y la Agencia IDEA para librar el pago de las correspondientes cantidades».

A la Benemérita le llamó la atención la proliferación de estos endosos en la Sierra Norte, que siempre se apuntaran a un mismo número de cuenta pese a tratarse de ayudas diferentes,y que el encargado de gestionarlos fuera siempre Gerardo de la Cruz Elías, detenido la semana pasada, ex jefe de zona de Constantina de la Caja San Fernando –donde fue director de la oficina del Inem Guerrero– , ex afiliado socialista y amigo del ex director general de Trabajo.

Los agentes de la UCO apuntan que el endoso «se pudo idear como un sistema para defraudar fondos públicos y que sirvió como otra forma más de financiación». Además, como ha podido comprobar este periódico, no todos los endosos bancarios que gestionó este empleado de banca –con el que contactó LA RAZÓN pero evitó dar ninguna explicación– llegaron a los beneficiarios de las ayudas. El destino último de este presunto desvío de dinero público es una importante equis por despejar.

Un ejemplo claro es el de la ayuda concedida a Dehesa Navera, una empresa cárnica radicada en el municipio sevillano de Las Navas de la Concepción. La sucesión de hechos, documentada en uno de los expedientes de la «Operación Heracles» que investiga el juzgado, consultado por este periódico, es la que sigue. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero firmó un protocolo de colaboración el 3 de marzo de 2004 con el representante de Dehesa Navera para otorgar a esta empresa 182.629 euros con cargo a la partida 31.L.

El 19 de enero del 2005 Junta y Caja San Fernando acuerdan un endoso. El fin teórico de este tipo de operaciones es que el beneficiario de la ayuda pueda tener liquidez antes de que la Junta haga efectivo el pago. En el documento se explicita que la Caja San Fernando «acepta la cesión de los derechos de cobro realizados a su favor por Dehesa Navera». El propio Guerrero estampa su firma para dar fe de la aceptación por parte de la entidad bancaria e indica un número de cuenta en una sucursal de la Caja San Fernando de las Navas de la Concepción para que se haga efectivo el pago. El empleado encargado del trámite es Gerardo de la Cruz Elías.

Hasta aquí no hay ninguna anomalía. Sin embargo, ese dinero no llegó al beneficiario. Tanto es así que el representante de Dehesa Navera dirigió un escrito al consejero de Empleo con fecha 26 de febrero de 2008 –entonces aún estaba en el cargo el también imputado Antonio Fernández– por el impago de la subvención. En el escrito expone que pese a que media un protocolo de colaboración entre ambas partes y pese al «exacto cumplimiento» por parte de la empresa del plan de inversiones propuesto por la Dirección General de Trabajo, hasta ese momento la Junta sólo había hecho un pago de 80.000 euros, quedando por tanto el resto pendiente. «Tras las innumerables llamadas telefónicas así como múltiples reuniones con el señor director general de Trabajo y Seguridad Social, Don Francisco Javier Guerrero, sólo se ha conseguido que por el mismo se reconozca la deuda y manifieste la intención de la Consejería de pagar la subvención, pago que finalmente nunca se ha materializado». Se queja asimismo el empresario de que esta situación «está generando importantes perjuicios económicos a la empresa».

El pago de 80.000 euros al que se refiere el empresario no lo hace, de hecho, la Junta de Andalucía, sino que el encargado es Estudios Jurídicos Villasís, el bufete de abogados que tuvo en nómina al «conseguidor» Juan Lanzas y que hizo numerosas transferencias a empresas de la órbita de Guerrero y su ex chófer una vez que recibía el dinero de la mediadora Uniter que ésta obtenía, a su vez, de las elevadas sobrecomisiones. El administrador de Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati, está en libertad tras haber pagado fianza.

Las alertas sobre todas estas anomalías llegaron a la Consejería de Empleo después de que Guerrero dejara la Dirección General. ¿Qué lo prueba? Un correo electrónico que envía el 27 de mayo de 2008 Dehesa Navera a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en el que el empresario pide una cita a Juan Márquez Contreras –el sucesor de Guerrero en el cargo, también imputado– para exponerle el impago de la ayuda, que desarrolla con el documento ya presentado al consejero de Empleo el 26 de febrero de 2008.

Este no fue el único endoso que gestionó Gerardo de la Cruz Elías. Era la persona habitual de contacto de Guerrero. Hay documentados al menos quince endosos correspondientes a once empresas. Entre ellas las subvenciones a Roda Textil o al hotel Posada del Moro, propiedad de los padres de Goyo Martínez Piñero, que ejerció de camello para surtir de droga al ex chófer de Guerrero, tal y como él mismo reconoció ante la juez.