Gómez recurre a «la Orden del 95» para negar que no hubiera «procedimiento»

El pasado, como dijo Faulkner, es sólo una dimensión del presente. En palabras del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, «con los ojos de hoy» no mantendría determinadas expresiones, por las que, en gran parte, están sentados en el banquillo el ex presidente Griñán o la ex consejera de Hacienda Martínez Aguayo. «Con el tamiz» de «la Orden del Ministerio de 1995», Manuel Gómez aseguró que no hay «ni delito ni menoscabo de fondos públicos». «Las ayudas sociolaborales no son subvenciones, ahora no lo comparto», explicó, en lo que supone un giro –-dada la distancia entre «los ojos de hoy» y las acusaciones de ayer– que apunta a un pacto de no agresión entre las partes. Gómez, a preguntas del fiscal, señaló que «la Consejería de Empleo tenía elementos suficientes», con los informes que les enviaron, para evaluar la gestión de las ayudas sociolaborales. Analizando «20 de 140» expedientes, sacó «la conclusión de que no se estaban gestionando bien las subvenciones». Ahora, el ex interventor defiende que «una ayuda sociolaboral no puede ser analizada con el tamiz de las subvenciones». Así sin anestesia. «Hay una normativa específica, la Orden del 95», con ella, «la conclusión de que se ha prescindido del procedimiento no me atrevo a hacerla. Con los ojos de hoy, si entendemos aplicable la orden del 95, el juicio sería matizablemente diferente». Gómez mantuvo que «hay muchas deficiencias» pero las relegó al ámbito «administrativo». También manifestó que «nos parecen serias las infracciones, por eso las plasmamos en un informe pero no lo valoramos como delito ni como menoscabo de fondos». «Si hay un supuesto de menoscabo, hay un artículo en la ley que lleva a denunciarlo al consejero de Hacienda, directamente, sin mediación del interventor general. Eso es más importante que un informe de actuación. Aquí ha intervenido más de una docena de profesionales y ninguno advirtió de que en sus narices hubiera un supuesto de menoscabo. Una omisión tan grave que me piden 6 años de cárcel y que nadie lo haya advertido es un poco raro», apuntó.

El ex interventor defendió que «lo que tienen que comunicar al consejero de Economía es un menoscabo de fondos públicos no unas deficiencias administrativas. Un daño efectivo» y no lo hacen «porque no es eso». En su día, Gómez llegó a hablar de «un mecanismo» puesto en marcha desde Trabajo con una cuantía «que fue cebándose año a año». Sobre inexistencia de «expedientes de gasto», señaló que hizo un informe adicional complementario. «Lo único que podíamos hacer». «El informe de actuación no es vinculante, por definición», dijo. «Y una vez realizado, la Intervención no tiene nada más que hacer». «Se tienen seis meses para pronunciarse por parte del órgano al que le llega el informe», explicó. «Esto es lo que hay. El control financiero es esto. En todas las comunidades». Sobre sus informes, señaló que «no es una auditoría y tiene el valor que tiene. Era lo necesario y suficiente en ese momento». El fiscal le recordó que «está aquí por no hacer el informe de actuación» y porque «dijo que el contenido del informe adicional era importante». «Yo no he visto ese reproche en su escrito de acusación ni del resto, no está», contestó el ex interventor. «Ver los expedientes administrativos para examinar su legalidad estaba claramente fuera de nuestro alcance. No miramos para otro lado. Plasmamos lo que vimos en un informe y se lo mandamos a Empleo. Nos movió un criterio de lealtad institucional. Hicimos algo a lo que no estábamos obligados. Los destinatarios del informe eran la entidad, el consejero de Economía y el de Innovación y nosotros se los mandamos al de Empleo porque pensamos que era el origen de esas deficiencias y tenía que subsanarlas», dijo.