Grupos de trabajo inútiles

El 11 de octubre de 2016 compareció en el grupo de trabajo sobre reforma de la ley electoral Blanca Rodríguez Ruiz, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Era la primera compareciente de una iniciativa que pretende cambiar las reglas del juego electoral para garantizar una mayor proporcionalidad y respeto a las decisiones de los electores. Es, además, un compromiso del pacto de investidura que firmaron en su momento el PSOE y Ciudadanos. El pasado 17 de enero acudieron a la Cámara andaluza Elena Manzano Silva, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura; Manuel González Sánchez, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén; y Encarnación Murillo García, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. En los 15 meses que han transcurrido entre la primera y la última reunión de este grupo de trabajo ha habido otras 18 citas. En total, este grupo de trabajo lleva 20 sesiones. ¿Para qué han servido? De momento, para que la presidenta Susana Díaz reproche a Ciudadanos –y al resto de partidos– que aclare si lo que quiere es «restarle» un diputado a la provincia de Cádiz y Huelva. Según ese razonamiento, lo que habría que hacer es multiplicar el número de escaños en todas las provincias, ya que a mayor representación parece que los intereses de los territorios se defienden mejor. Las comparecencias también han servido para comprobar que la formación naranja prevé que sus expectativas caigan en saco roto y la reforma de esta ley no se apruebe en esta legislatura. El artículo 54 del reglamento del Parlamento de Andalucía regula la constitución de estos «grupos de trabajo o ponencias de estudio». Entre otras cosas, señala que su actividad deberá finalizar su cometido antes de que termine el período de sesiones siguiente a aquel en que fueron creados, extinguiéndose a la finalización del mismo. Por tanto, los resultados tienen fecha de caducidad. Estas iniciativas tienen un coste, aunque sólo sea el traslado de los comparecientes. Sin embargo, muchos de estos grupos se crean siendo plenamente conscientes de que difícilmente se alcanzará ningún acuerdo. Sólo hace falta revisar los últimos. En la anterior legislatura, se constituyó un grupo de trabajo sobre la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz, una banca pública que el PSOE no aceptaba pese a las exigencias de IU. Otro sobre igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía, un asunto del que aún se debate a nivel nacional y sobre el que la Junta acaba de legislar recientemente reformando la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Y un último grupo de trabajo relativo a la renta básica de ciudadanía, contemplada en el Estatuto de Autonomía y que al final se ha quedado en una renta de inserción social avalada sólo por el PSOE y Ciudadanos. Se puede mirar más atrás aún y repasar los infructuosos grupos de trabajo sobre la formación del profesorado de Andalucía o el relativo a la convergencia educativa. La realidad es que no funcionan y los partidos lo saben. El último ejemplo, el de financiación autonómica, del que se debate más fuera que dentro del mismo.