La Administración paralela se nutrirá de encomiendas de la Junta también en 2017

Sólo los 35 últimos encargos del Gobierno andaluz a sus entes, vigentes este año, suponen más de 53 millones de euros.

La Cámara de Cuentas le recomendó que analizara su uso de esta herramienta

La Cámara de Cuentas de Andalucía recomendó a la Junta en un informe de fiscalización relativo a 2013 que reflexionara sobre «la configuración del uso» que hace de «las encomiendas de gestión –el encargo de actuaciones o servicios por parte de una entidad de la Administración a otra de su órbita o de fuera de ella–» y que lo hiciera analizando «la actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales –la denominada Administración paralela– y los medios propios». En definitiva, el órgano fiscalizador le sugirió que examinara si su utilización de una fórmula que debe ser extraordinaria responde a «la forma más eficiente, eficaz y económica de prestación de servicio». De momento, 2017 no estará exento de encomiendas.

En lo que va de año, la Consejería de Justicia e Interior ha delegado en la Escuela Andaluza de Salud Pública la evaluación completa del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía de 2016 y la elaboración del IV, por lo que pagará 42.920,24 euros. Esto se suma a otros encargos que se realizaron a finales de diciembre de 2016 con la vista puesta en este ejercicio como el llevado a cabo por el departamento de Hacienda y Administración Pública a la Sociedad andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones SA (Sandetel) para la ejecución de determinadas actuaciones de apoyo a la gestión de activos software y soportes corporativos, con un coste de 669.312,03 euros. Consejería que ya había entregado antes tareas de apoyo ligados a los trabajos de auditoría de la Intervención General de la Administración andaluza (IGJA) en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y en el de subvenciones, a la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública. En esta ocasión por 213.838,76 euros.

Sólo las últimas 35 encomiendas efectuadas por el Gobierno andaluz que estarán vigentes este año suponen un montante global de 53.054.216 euros, como se puede comprobar en el portal de transparencia que suministra de información el Ejecutivo regional. De estas encomiendas se nutren entes de la Administración paralela criticada por algunos sindicatos. En concreto en el listado de las 35, los nombres que más se repiten son los de la mencionada Sandetel, que acumula ocho contratos de este tipo; el de Tragsa, con seis, la empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec), con otros seis; y la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), a la que han ido a parar ocho lotes de actividades. Pero también aparecen otros entes como la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), la Escuela Andaluza de Salud Pública o la Fundación Pública Progreso y Salud. Se da la circunstancia de que la Cámara de Cuentas también alertó en su informe de la «fuerte dependencia» de entes instrumentales como Amaya, Tragsa o Sandetel de unas encomiendas que mantenían un «carácter recurrente y continuado en el tiempo» para satisfacer necesidades de carácter estructural «derivadas de la existencia de déficits de plantilla o deficiencias organizativas», lo que evidenciaría que no se emplean para dar apoyo puntual al enconmendante. El portal contabiliza ya 284 registros de esta naturaleza.