La Alhambra pagó 5.000 horas extras durante el verano por falta de personal

El sindicato Ustea denuncia una situación laboral «insostenible»

El sindicato Ustea ha denunciado la “insostenible” situación laboral que sufren los trabajadores de la Alhambra por la falta de personal, un déficit que ha provocado que el Patronato que dirige el monumento afronte casi 5.000 horas extras firmadas este verano.

En un comunicado, el sindicato ha criticado los continuos problemas de personal y la falta de cobertura de las vacaciones, una situación de la que han advertido al Patronato en reiterados comunicados desde al menos el mes de marzo, según la documentación facilitada por Ustea.

El resultado de esta falta de personal y del “desbarajuste” laboral es, según el sindicato, que se han producido 4.791 horas extraordinarias realizadas en control de visitas, lo que supone una media de 39 horas por cada trabajador durante el verano.

Han detallado que incluso tres trabajadores han superado el límite anual de 80 horas fijado en el Estatuto de los Trabajadores, lo que genera la pérdida de puestos de trabajo.

Ustea ha calculado que no se han materializado 27 contratos de trabajo de un mes en esta división de control de visitas, a lo que han sumado las 18 plazas no cubiertas en jardinería, 6 en expedición de entradas, 10 en limpieza y otras 6 en vigilancia de museo.

El sindicato ha criticado que el Patronato de la Alhambra no ejecute la sentencia judicial emitida por el Juzgado de lo Social 3 de Granada hace nueve meses y que condenó al monumento, el más visitado del país, a volver a baremar las bolsas de sustituciones.

El pasado 17 de julio, el mismo juzgado emitió un auto al que ha tenido acceso Efe y que daba un mes de plazo para demostrar la ejecución de la sentencia, una petición a la que se han sumado los letrados del sindico.

Además, los representantes de Ustea y de la Confederación General del Trabajo (CGT) han solicitado este mes una entrevista con el director de la Alhambra, Reynaldo Fernández, para “intentar impulsar” la obligación legal de cumplir la sentencia para reconducir una situación que los sindicatos han calificado de absurda e inadmisible.