La Asociación Asperger de Sevilla se niega a «financiar» a la Consejería de Salud

Renuncia al concierto por las «lesivas» condiciones del nuevo acuerdo marco que impiden ofrecer un servicio «con un mínimo de calidad»

Renuncia al concierto por las «lesivas» condiciones del nuevo acuerdo marco que impiden ofrecer un servicio «con un mínimo de calidad»

Los más de 19.000 menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos censados en Andalucía y los miles que permanecen en lista de espera aguardan con impaciencia en septiembre las mejoras prometidas en la Atención Temprana que ofrece la Junta de Andalucía, bajo los supuestos criterios de calidad, gratuidad y universalidad. El nuevo acuerdo marco aprobado por el Gobierno andaluz con la bendición de Ciudadanos, tras la oposición de ambos a la creación de una ley específica para los menores, viene anunciando el aumento de las sesiones por niño, la creación de unidades de diagnóstico que reducen las listas de espera y la creación de más plazas en los CAIT (centros de atención temprana). Sin embargo, la memoria económica y las cláusulas administrativas que regulan el acuerdo marco ponen en solfa estos parabienes.

Un análisis detenido de las cifras presupuestadas permite a la Plataforma de Atención Temprana poner en duda que el número de menores atendidos aumente, con lo que las listas de espera persistirían; tampoco aumenta la partida destinada a la atención directa al menor, su familia y el entorno; y no se prevé un incremento del precio/hora de las sesiones de los CAIT, que con sus plantillas actuales no podrían atender el número de horas licitadas y tampoco podrán crear empleo. Antonio Guerrero, portavoz de las familias, lo llama «el gran engaño» a los niños con trastornos y a los 400.000 adultos, «votantes», a los que aglutinan.

Pero es que las cláusulas administrativas que regulan el nuevo acuerdo marco tampoco contentan a los centros de atención, sobre todo a los que no permanecen «cautivos» por las deudas y el «miedo» a la pérdida de las ayudas. Entre estos se encuentra la Asociación Sevilla de Síndrome de Asperger (ASSA), que atiende a 300 familias –con alrededor de una veintena de menores en edad de recibir Atención Temprana–. Su presidente, Rafael Jorreto, ha remitido una nota interna a los asociados para explicarles que «las nuevas condiciones del acuerdo marco suponen un enorme riesgo económico para la entidad que pretenda llevarlo a cabo con un mínimo de calidad» y por ello renunciaron a acceder al concierto de la Consejería de Salud, sin olvidar su lucha por que el servicio sea integrado en el SAS.

Las nuevas exigencias «obligan a prestar determinados servicios no financiados por la Consejería y cuyo coste tampoco podría ser sufragado por las familias; es decir, obligan a las asociaciones a asumir una carga económica y a competir con centros de capital privado que tendrían la capacidad de asumir estas pérdidas bien con otro tipo de ingresos, o bien bajando los gastos de personal o la calidad del servicio». «Consideramos lesivo para el interés de la entidad, pero más aún para los derechos de los trabajadores –continúa–, el hecho de que si un menor no acuda a su terapia por cualquier razón, esta no será cobrada por el CAIT, sin embargo a éste se le obligaría a tener contratado al trabajador que la imparte. Esta pérdida económica solo podría solventarse mediante el menoscabo de los derechos de los trabajadores o de la calidad de la atención. No estamos dispuestos a explotar a nuestros profesionales, el mejor activo que podemos tener. La obligatoriedad de mantener el servicio durante 12 meses significa mantener personal contratado, en nuestro caso en periodos vacacionales en los que no hay actividad y a los que los menores no acudirían. Este hecho supondría un gran perjuicio económico para el CAIT, que en el caso particular de una asociación de familiares sin ánimo de lucro como la nuestra no está en condiciones de asumir y supone financiar a la Consejería de Salud». Jorreto lamenta, además, la falta de «diálogo real» en la negociación del decreto con las familias o los profesionales y la «inaceptable y antidemocrática» inclusión de un artículo en el que se exige el permiso de la Consejería para hablar con la prensa o mostrar la actividad o instalaciones del centro. ASSA se opone al «copago encubierto» actual y a la privatización a la que se conduce con estas medidas pese a tratarse de un derecho legítimo del menor.

Encuentro de las familias en Almería

La Diputación de Almería acogió el pasado viernes un encuentro con familias para explicar la «realidad de la Atención Temprana» en el que se transmitió a padres y profesionales cómo afectará el nuevo marco legal al servicio que por fin se iguala al del resto de Andalucía a partir de octubre. Madres y padres entendieron el perjuicio que sus hijos han sufrido a lo largo de los años y la necesidad de pelear por un derecho reconocido.