La Audiencia cierra el primer juicio: 22 ex altos cargos serán juzgados

Avala el grueso de la instrucción del juez Álvaro Martín, que considera que el procedimiento creado por la Junta para pagar los ERE pretendía evitar los mecanismos de control previo de la Intervención General

El juez Álvaro Martín, en los Juzgados
El juez Álvaro Martín, en los Juzgados

La jueza Mercedes Alaya abrió la investigación del «caso de los ERE «en enero de 2011 y el juez Álvaro Martín dictó auto de procesamiento contra 26 ex altos cargos de la Junta –entre ellos los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán– en mayo de 2016. Finalmente, la Audiencia de Sevilla ha resuelto ya los recursos de todos los encausados y salvo en cuatro casos ha dado el visto bueno a la instrucción del magistrado. La denominada «pieza política» se cierra con 22 personas implicadas, que se sentarán en el banquillo en el que será el primer juicio de esta trama, al que solo le falta ya que se señale la fecha.

Entre los 22 ex altos cargos procesados, y además de Chaves y Griñán, hay seis ex consejeros de la Junta de Andalucía: José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez; dos ex viceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.

En el auto de procesamiento, Martín detalló que «entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido a denominarse ‘procedimiento específico’, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestaria destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros, destinada en principio a ser distribuida a través de subvenciones a empresas para financiar el coste de despidos colectivos de trabajadores, de subvenciones a empresas con fines distintos a aquél, o de subvenciones a personas físicas afectadas por un expediente de regulación de empleo, y que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario».

Los últimos en cerrar esta lista han sido el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez. La Sección Séptima de la Audiencia ha rechazado los recursos de sus respectivas defensas y considera que existen motivos para juzgarlos.

En el caso de Lozano, según el auto consultado por este periódico, «el órgano jurisdiccional considera que se infiere a nivel indiciario que el apelante tenía responsabilidad tanto en la elaboración del presupuesto como en las modificaciones presupuestarias» y señala que, tal y como consta en informes aportados en la causa, para la elaboración de las cuentas nuales de la Junta «uno de los elementos que tenía en cuenta era la consulta de las memorias de cuentas anuales de IFA/IDEA, que conocía al examinar los deficits de los que informaba la Consejería de Empleo en cada anteproyecto de presupuesto. Pues bien, ese desfase negativo ascendió (manejando números redondos) a 30 millones de euros en el año 2002, 38 millones en el año 2003, 93 millones en el 2004, 95 millones en el 2005, 58 millones en el 2006, 40 millones en el 2007 y 33 millones en el 2008», por lo que «este desfase continuado y sostenido no pudo pasar inadvertido al apelante». La Audiencia apunta que «estos déficit se mantuvieron de manera continuada durante años, parece que a ciencia y paciencia, entre otros, del apelante, quien no puso coto a esta sangría presupuestaria».

En el caso de Estepa, la Audiencia considera que fue uno de los impulsores del sistema de reaprto de ayudas analizado y apunta que, aunque «tan solo suscribió la memoria justificativa de la modificación 551/2001 por sustitución o suplencia del director general de Presupuestos, es de destacar que esta modificación tuvo lugar antes de que las transferencias de financiación se incluyeran en el presupuesto de la Consejería de Empleo. Y este dato es de suma importancia, puesto que coincide con la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuestos del año 2002, en el que por primera vez se incluyeron en el presupuesto».

Hay que recordar que mejor suerte han tenido el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, y el ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez.