La deficiente gestión de La Almoraima incluye errores contables y en sanciones

El último desencuentro entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía se centra en el futuro de la finca pública La Almoraima. Se trata de unos terrenos que el Ejecutivo quiere vender para que la iniciativa privada los explote comercialmente y que el bipartito pretende integrarlos en el Parque Natural de Los Alcornocales para impedir el proyecto.

«Incluir la totalidad de La Almoraima en el Parque Natural Los Alcornocales es absurdo y va en detrimento de todos los ciudadanos españoles», afirmó ayer Isabel Ugalde Ruiz de Assin, gerente de La Almoraima S.A., la empresa pública que gestiona la finca situada en Castellar de la Frontera (Cádiz). Con esa contundencia rechazaba el planteamiento de PSOE e IU.

En declaraciones a Efe, Ugalde aseguró que la autoridades autonómicas «no pueden hacer lo que quieran, porque hay que cumplir unas características de necesidad de especial protección» de las que esos terrenos a su juicio carecen.

La Almoraima, un latifundio de 14.113 hectáreas de titularidad pública desde 1983, está integrada en este parque natural salvo en un 10 % de su superficie. Para esas 1.350 hectáreas, el Gobierno central ha preparado un Plan Especial de Usos.

Este plan, pendiente todavía de aprobación, prevé la venta de la finca mediante subasta pública por un precio de salida de 300 millones de euros para la construcción en este espacio de un aeródromo, un hotel de cinco estrellas, un campo de polo y dos de golf.

Ugalde, que asistió a la Conferencia Internacional «Alcornocales y sector corchero» en Madrid, insistió en que la venta de la finca «pretende reducir el déficit público» mediante un proyecto turístico «perfectamente compatible con el aprovechamiento sostenible del terreno» ya que «no tiene sentido que el Estado se dedique a explotar el corcho, plantar algodón o criar 2000 vacas».

La gerente recalcó que «la finca estará mucho más protegida cuando esté en manos privadas» puesto que el inversor que la adquiera será obligado a desarrollar «un proyecto selectivo e integrado en la naturaleza» y garantizar «un plan de inversión a largo plazo».

En esta línea, Ugalde ofreció nuevos datos y apuntó que desde la expropiación de la finca a Rumasa en 1983, La Almoraima «se ha gestionado muy mal en todos los aspectos» y se han detectado errores contables, de gestión de edificios, de ganadería y de sanciones administrativas.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, recordó que la Junta ha tratado de vender las fincas del antiguo IARA y reclamó «un giro de la presidenta, Susana Díaz, en la confrontación con el Gobierno» para que afronte este tema con «lealtad institucional».