La «doble cara» de la Junta con Doñana llegará al Defensor y al Parlamento

Ecologistas en Acción les trasladará la negativa del Gobierno andaluz a revisar la autorización ambiental que dio a uno de los proyectos gasísticos

«Ni un sólo metro» del proyecto de almacenamiento de gas «atravesará» el espacio natural de Doñana que enlaza las provincias de Sevilla y de Huelva, ha llegado a aseverar el titular andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, a juicio de quien ese enclave, Reserva de la Biosfera, «no es un sitio» para un plan «de esas características». Es más, el consejero ha expresado su esperanza en que el nuevo Gobierno central capitaneado por el socialista Pedro Sánchez tenga «la sensibilidad que no tuvo el anterior» del PP, al que se dedicaron mensajes voltaicos a cuenta de este asunto y al que se le exigió que revisara las autorizaciones concedidas. Si bien, desde Ecologistas en Acción reprochan a la Junta una «cierta doble cara» ligada a un proyecto, subdividido en cuatro y plagado de incertidumbres, a juicio de la organización conservacionista, que «amenaza» el subsuelo de Doñana, colocada en la cúspide de la ola informativa hace unos días por ser el escenario elegido para el reciente encuentro entre Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel.

Pero el Ejecutivo autonómico también dio su consentimiento a uno de los subplanes al otorgar a una sociedad de Gas Natural, «la que ahora se hace llamar Naturgy», la autorización ambiental integrada para el denominado «Marismas Occidental» (Marismas B-1), que afecta a la localidad onubense de Almonte. De hecho, Ecologistas en Acción pidió en septiembre de 2017 al Gobierno regional que reexaminara su permiso basándose en argumentos similares a los empleados por la Junta en su batalla dialéctica contra el ex Ejecutivo central de Mariano Rajoy: «La fragmentación fraudulenta de los proyectos, la ausencia de evaluación de la sismicidad inducida, así como la autocomplacencia y minimización de los impactos de la promotora». La Junta ha tardado casi un año en mover ficha, tras reclamar a la entidad «verde» que acreditara su existencia legalmente pese a contar con años de actividad reconocida, y lo ha hecho para sostener que el escrito de Ecologistas adolece de falta de motivación y, a partir de ahí, no pronunciarse sobre su demanda de repasar la autorización. Una contestación que no ha convencido a los conservacionistas. Es más, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, adelanta a LA RAZÓN que la organización estudia recurrir el «no» del Gobierno andaluz y suma que no se quedarán ahí. El próximo septiembre trasladarán a la oficina del Defensor del Pueblo la respuesta del Gobierno autonómico y repetirá movimiento hacia los grupos con representación en el Parlamento regional. Esto último con una clara intención: «Queremos que se presente una pregunta parlamentaria para saber exactamente qué piensa hacer el consejero de Medio Ambiente con Doñana y buscaremos que se discuta sobre este asunto en la Cámara», explica Yllescas. Para la entidad que representa resulta «increíble» y una «contradicción» discursiva la respuesta que les ha dado la Junta con la que buscan «eludir las posibles responsabilidades económicas de una revisión de la autorización ambiental unificada que otorgó en 2010», condensan desde Ecologistas.

Permiso «nulo de pleno derecho»

El plan para almacenar gas en Doñana se atomizó en cuatro subproyectos: uno en la zona de Aznalcázar, otro denominado Marismas Occidental, un tercero rotulado como Marismas Oriental y el Saladillo. La Junta de Andalucía frenó en 2016 el llamado Marismas Oriental, si bien ya había dado vía libre con anterioridad a lo esbozado en Marismas Occidental, que es lo que Ecologistas en Acción demandó que se revisara al entender que el permiso es «nulo de pleno derecho» por «no haberse tenido en cuenta problemas ambientales y de seguridad esenciales como los impactos acumulados».