La empresa de los empleados de Faffe cobró «mordidas del 20 por ciento»

Las investigaciones policiales en torno a las ayudas a la formación repartidas por la Junta desde Huelva han puesto al descubierto una suerte de punteo conector. En los informes centrados en la gestión de esos fondos por parte de varias empresas ahora bajo la lupa del juzgado onubense de Instrucción número 5 se hace referencia a Novaula Formación y Recursos Humanos, la sociedad vinculada a dos ex trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Carlos G. V. y Jesús G. S., como ya informó este periódico, que no sólo recibió subvenciones como empresa formadora, hubo más. Otras entidades le pagaron porcentajes de las que el Gobierno autonómico les adjudicó a ellas.

En concreto Europalillo SLU abonó a Novaula «14.528,03 euros», según rastreó la Policía, lo que supondría el 21 por ciento de los 66.555 que en 2011 concedió a aquélla la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Huelva para un curso de «Mecánico de Vehículos Ligeros». Lo hizo por los conceptos de «servicios de formación» –que supusieron la cantidad de 12.479,06 euros, aunque los agentes echaron en falta que se especificara «qué tipo» de prestaciones realizó–, de «alquiler de equipos informáticos y audiovisuales», de «material adicional para curso» y de «alquiler mobiliario aula» –estos tres últimos implicaron un coste de 2.048,97 euros para Europalillo–. Y no fue el único caso.

Los investigadores sostienen que la sociedad ligada a los ex trabajadores de Faffe realizaba «la función de conseguidora de subvenciones, al ir contactando con distintas entidades», a las que ofreció «la posibilidad de realizar un curso subvencionado, solicitando y tramitando toda la documentación del mismo a cambio de un 20 por ciento» de la ayuda, según lo relatado en declaraciones recabadas por la Policía en el transcurso de las pesquisas dirigidas por el juzgado onubense. Una de ellas es la de Javier P. P., administrador de Talleres J. Peguero, que recibió 88.357,50 euros de la Junta para desarrollar un curso de «Chapista Pintor de Vehículos» entre marzo y septiembre de 2011, pese a carecer de experiencia como entidad formadora. Javier P. P. es hermano del administrador y socio único de Europalillo, Manuel Ignacio P. P., y a la pregunta de si mantenía o había mantenido «algún tipo de relación o cargo de administración con alguna otra empresa dedicada a la formación», respondió a la Policía que una empleada de Novaula «se personó en el taller» y planteó «si les interesaba solicitar una de estas subvenciones, debido a que Carlos –uno de los empleados de Faffe– se haría cargo de todos los trámites y gestiones para llevar a cabo la solicitud, a lo que el declarante accedió». Insistió ante los agentes en que «toda la gestión de la documentación para la solicitud, auditoría y justificación del curso, así como la presentación de escritos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)» fue «llevada a cabo» por Carlos G. V., «el cual percibía un porcentaje como comisión por estos servicios». Unos ingresos que los gestores de Novaula, «intentaban camuflar», se asevera en uno de los informes policiales consultados por LA RAZÓN, «subcontratando bajo conceptos de docencia, material o alquileres de aulas».

La Policía concluye que Novaula Formación repitió «el ‘modus operandi’ de conseguidora» de fondos con varios entes, como los ya mencionados o la Escuela Playas de Mazagón, también investigada por la Justicia, a los que habría cobrado «una mordida o comisión del 20 por ciento del importe de la subvención» repartida por el Ejecutivo regional, por encargarse de los trabajos de gestión de la misma, recalcan.

En relación a la Escuela Playas de Mazagón, los agentes sostienen que el ex Faffe Jesús G. S. fue «la persona» que habría proporcionado a aquélla los profesores, «emitiendo facturas en concepto de gestión de formación con valor de mercado por encima del valor medio» y «usando unas entidades» distintas a la propia. Para completar el cuadro, los investigadores constataron que, pese al desembolso de esas «cuantías elevadas», los docentes aportados por Novaula «realmente no» habrían «realizado dicha formación» o lo hicieron «tan sólo parcialmente». Apuntan incluso que se llegó a «suplantar» la «personalidad de A. Á. G. V. –uno de los teóricos docentes–». En definitiva, para la Policía, el contenido de esas facturas «no se correspondería con la realidad imputada habiendo percibido ilícitamente» el dinero.

Un empresario se queda él mismo con el 35 por ciento de una ayuda

En el informe policial centrado en la entidad Talleres J. Peguero, los investigadores llamaron la atención del juzgado sobre el hecho de que su propietario, Javier P. P., percibió «como persona física» 30.805,76 euros, que suponían el «35 por ciento del total» de la ayuda formativa de 88.357,50 que el Gobierno andaluz le concedió para un curso de «Chapista Pintor de Vehículos». Para prácticas del mismo se alquilaron vehículos, un Land Rover, un Renault 20, un Citroen 2CV y un Volkswagen T2, según recogen los agentes, si bien, se imputan como «costes directos» de la actividad formativa subvencionada «repuestos de todo tipo, que no guardaban relación» con dichos automóviles. Circunstancia que «hace sospechar» a la Policía que se cargaron al curso «facturas de repuestos de otros vehículos externos» a aquél.