La familia del pequeño fallecido en una montería ve "imprudencias"en el cazador

El padre, el abuelo y el tío del niño testifican ante el juez y niegan que se moviera del puesto.

El padre, el abuelo y el tío del pequeño Aitor, fallecido el 19 de enero en una montería en la finca La Lapa de Guillena (Sevilla), testificaron ayer ante el juez que instruye el caso por el que es investigado el cazador que efectuó el disparo mortal, y que según explicó la abogada de la acusación particular, Rosario Serrano, «hay indicios razonables» de que cometió «imprudencias» constitutivas de un presunto delito de «homicidio imprudente grave».

El juez Juan Gutiérrez Casillas citó a una docena de testigos, entre ellos el organizador de la montería y los postores (encargados de llevar a los cazadores a sus puestos) y rehaleros (responsables de los perros de caza), pero finalmente sólo declararon el padre, el abuelo y el tío del pequeño de 4 años que estaban con él en la montería, algo que su abogada destacó que, «la ley no prohibe». El resto –molestos con la presencia de los medios– lo hará los días 13 y 15 de marzo.

La declaración se centró en las medidas de seguridad, la posición de los puestos y otros detalles y según Serrano «en principio todo apunta a que todo estaba bien organizado», incluida la distancia entre puestos, si bien la letrada no descartó que la familia amplíe la denuncia «si encontramos alguna irregularidad». De momento, ve indicios razonables de «imprudencias que se han cometido por el cazador autor del disparo», como salirse de su puesto, girarse 90 grados –según admitió ante el juez tras su detención– y disparar «sin identificar a dónde tiraba». El padre rehusó hacer declaraciones.

El abogado del cazador –en libertad provisional–, Carlos Martín, cree «muy prematuro afirmar si estaba fuera o no de su puesto y mucho menos la distancia» al mismo cuando disparó, pues el «plástico» que señalaba el inicio estaba «justo donde termina un pequeño camino corta fuegos». Entre las diligencias pendientes hay un estudio pericial sobre la orografía del terreno, la ampliación del atestado de la Guardia Civil sobre las medidas de seguridad y los informes de balística de la escopeta, cuyo alcance según su defensa no supera los «30 ó 35 metros».

El abogado del investigado, un arquitecto argentino afincado en El Puerto de Santa María y cazador habitual con sus permisos de arma y seguros en regla, derivó responsabilidades a la organización porque «prácticamente no hubo» medidas de seguridad ni indicaciones al respecto ni sobre «cómo era la zona» en el bar donde los participantes sortearon los puestos. Allí el cazador vio varios niños pero no recuerda exactamente si uno de ellos era Aitor.