La Guardia Civil culpa del fraude en los cursos a la acción «concertada» de la Junta

En el ámbito de la comunidad andaluza ha existido «un procedimiento irregular imposible de sostener sin una actuación concertada, ejecutada de manera coordinada y prolongada en el tiempo, por parte de los responsables de la Administración». Ésta es la conclusión a la que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la línea de investigación abierta en torno a la responsabilidad del Gobierno autonómico, en particular del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el presunto fraude surgido al cobijo de los cursos de formación.

Un oficio policial, que ya obra en poder de uno de los juzgados de la región que tira del hilo de este asunto, el de Instrucción número 6 de Sevilla, fechado el 21 de enero, refleja que meses de pesquisas han puesto al descubierto que los «procedimientos establecidos por la Administración para la correcta adjudicación, control y justificación de subvenciones con fondos públicos» destinados a acciones formativas para el empleo «no han sido aplicados debidamente».

La Guardia Civil sostiene que «se han ignorado o quebrado» los mecanismos fijados por la Ley General de Subvenciones y la normativa que la desarrolla, tanto a nivel estatal como autonómico, que «permitirían evitar el pago de nuevas subvenciones a beneficiarios que no hubieran justificado debidamente las anteriormente recibidas», así como «la recuperación de los fondos no justificados mediante la apertura de los correspondientes expedientes de reintegro» del dinero. ¿Cómo? Gracias a la emisión de «resoluciones de exceptuación –las conocidas como exoneraciones– de la prohibición legal de pagar» nuevas ayudas a quienes no hubieran acreditado el adecuado uso de otras anteriores, y a no iniciar «expedientes de reintegro de fondos recibidos y no justificados debidamente en tiempo y forma», lo que habría provocado la «imposibilidad» de que se devuelva el dinero y, «por ende», un «importante menoscabo de fondos públicos» de la Junta.

Para la UCO «esto se verifica» en el «escaso número» de esos procesos de reembolso de ayudas abiertos, «a pesar de la gran cantidad de irregularidades detectadas en los mismos por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía y por la Dirección General de Formación, cuando ésta inició su labor inspectora» tras «pasar a depender de la Consejería de Educación –desde la de Empleo–», con motivo de «la entrada en vigor de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía».

Y es en este punto del oficio, al que ha accedido LA RAZÓN, en el que los investigadores dejan constancia de que toda esa actuación «no puede entenderse realizada de manera autónoma por cada uno de los responsables del SAE y de la Consejería de Empleo, o por parte de los jefes de servicio de cada una de las áreas –el proceso cuenta ya con un grupo de esos cargos entre 2009 y 2012 imputados–». Una tesis que apoyan en hechos como «la concesión de subvenciones de manera reiterada a beneficiarios que no cumplían los requisitos exigidos para ello», la ausencia de «control» por parte de los servicios de gestión provinciales y autonómicos, o la «falta de justificación detectada» por las intervenciones territoriales y por la General de la Junta, lo que «dio lugar a la emisión de informes especiales de inspección y a la posterior incoación de informes de actuación», recuerdan los investigadores. A ello suman el «quiebro a la norma» que, a juicio policial, ha supuesto el uso generalizado del mecanismo de las resoluciones de exceptuación por parte del SAE, ya que, si bien es cierto que está previsto en la legislación, también lo es que está ligado a causas excepcionales. La UCO destaca también en el resumen oficial en el que han convergido sus indagaciones que no se incoaran los «expedientes de reintegro exigidos por la ley, de las cantidades no justificadas», a pesar de que «la propia Intervención, de manera reiterada, comunicaba a los órganos gestores de las subvenciones las enormes cantidades de dinero pagado sin justificar existentes, una vez cumplido el plazo para ello».

En relación a las exoneraciones, la Guardia Civil recoge en su escrito que, pese a que el juzgado pidió a la Junta en mayo de 2015 que aportarse «todas las resoluciones de exceptuación publicadas», esa información «aún no está disponible para esta unidad». No ha querido pasar por alto tampoco que, del estudio de documentación se deduce que el SAE tramitó de 2005 a 2013 expedientes de reintegro por sólo 34,5 millones, aunque tres de las direcciones provinciales «no aportaron cantidad concreta».