La Intervención refuerza ahora la base de datos de subvenciones de la Junta

La Junta de Andalucía cuenta con una base de datos en la que se incluyen las subvenciones otorgadas por la Administración andaluza. Así lo estipula el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico. En su Disposición adicional única figura que «mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se creará una base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se harán constar las concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como aquellas otras que se concedan por otras entidades públicas de la Junta de Andalucía, en virtud de normas de rango legal, y por entes privados sin ánimo de lucro, que actúen como intermediarios de las subvenciones globales previstas en el artículo 27 del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999». La Orden se aprobó el 25 de febrero de 2002 y ahora la Intervención General ha licitado un concurso para la contratación «del servicio de mantenimiento y explotación de la base de datos de subvenciones de la comunidad autónoma».

Llama la atención los criterios tan rigurosos que debe incluir esa base de datos: «la información relativa a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía»; «otras entidades públicas de la Junta de Andalucía que puedan otorgarlas en virtud de normas de rango legal»; y «los entes privados sin ánimo de lucro que actúen como intermediarios de las subvenciones». Presupone un control exhaustivo de los fondos públicos siempre que se respete la normativa, cuestión que no se ha producido en la última década.

La asistencia técnica que contratará el máximo órgano de control interno incluye la consulta del programa presupuestario objetivo de la subvención, así como su justificación, procedimiento de pago, tipo de perceptor, la condición del gasto de carácter plurianual o la decisión de la Comisión Europea de su autorización.

Igualmente, incluirá «la fecha, el importe y el perceptor de los mismos, la fecha de justificación, el municipio, código postal y provincia donde se realice la actividad subvencionada y, si la distribución de los fondos públicos se efectúa a través de entidades colaboradoras, los datos relativos a dicha distribución».

Todos estos requisitos no se aplicaron, en su día, al caso de los ERE pese a que la ley que obliga a contar con esta base de datos es de 2002. La clave es que las ayudas sociolaborales y las subvenciones directas a empresas se tramitaron al margen de los procedimientos administrativos establecidos, lo que refuerza la percepción de los interventores de que el «fondo de reptiles» se creó para huir de su control. Es decir, no eran subvenciones y, por tanto, toda esa información que se regula en la norma de hace once años no se encontraba al alcance de la Intervención General. En el caso de que se hubiera respetado, ninguno de los aspectos del fraude jamás se hubieran podido producir.

La asistencia técnica adjudicataria del concurso, de carácter externo, tendrá acceso a toda esa información. La licitación tiene un importe de 109.292,04 euros.