La jueza de los ERE rediseña la división del «macrocaso»

La instructora de la «macrocausa» de los ERE, María Núñez Bolaños, se ha matizado a sí misma. Atendiendo la petición de las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ha corregido su auto del 30 de julio con el que inició la división del caso, superando lo fijado por su antecesora en el puesto, Mercedes Alaya. La magistrada insiste en que el troceo es «la única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo» unas diligencias que caminan hacia los cinco años, aunque ahora rediseña el despiece. Propone seis grandes bloques, a desgajar del proceso matriz donde continuará la investigación judicial, teniendo en cuenta que algunas de las ayudas no han superado todavía la fase de investigación policial.

Según el nuevo esquema, una primera pieza se centrará en la creación y la puesta en marcha del denominado «procedimiento específico», es decir, en la rama política del caso que afecta a cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Las sobrecomisiones marcarán la segunda, al ser la cuantificación de las primas de las pólizas el «instrumentos mediante el cual la mayoría de los agentes» que participaron en el proceso de los ERE se garantizaban «una participación ilícita en el reparto de los fondos de la Junta», entiende la jueza. Y habrá otros cuatro apartados ligados a ayudas a empresas cuyo rastreo está ya más avanzado.

La instructora señala en concreto al entramado empresarial de los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, al que la Administración andaluza concedió subvenciones por valor de 34 millones de euros. A él suma las firmas Cenforpre, Surcolor y Acyco, en torno a las que pretende que se juzgue a quienes «de forma activa y consciente» participaron en la «gestión» y la «concesión» de los fondos públicos «de todos los ámbitos administrativos o privados» o se beneficiaron «ilícitamente» de ellos. Desde ese punto de partida, puede que haya imputados que se tengan que sentar varias veces en el banquillo. De hecho, algunas defensas contrarias al despiece han señalado ya que serán más de 200, aunque la magistrada señala en su auto que esto podría evitarse «mediante el instituto del delito continuado».

En su resolución, fechada el 9 de noviembre, Núñez recalca que lo prioritario en estos momentos es «agilizar la causa» y, en cualquier caso, será la Audiencia Provincial de Sevilla, la que tenga la última palabra. En base al pronunciamiento de ésta y al futuro estado de la instrucción, la magistrada resolverá «sobre el diseño del resto de las piezas».

No duda en valorar un segundo efecto adverso del fraccionamiento del proceso reseñado también por las defensas: la posible «exasperación punitiva» que puede suponer el enjuiciamiento por separado de cada una de las ayudas directas o sociolaborales. Pero señala que es evitable aplicando «instrumentos» de los que dispone el derecho, marcados por sentencias del Tribunal Supremo.

Fuentes judiciales apuntaron a este diario que el plan de Núñez podría ser positivo, «siempre y cuando las acusaciones lo acepten». «Tiene un enfoque práctico importante que es evitar que se lancen decenas de enjuiciamientos simultáneamente al limitado número de juzgados de ese tipo que existen», argumentan. A su juicio, «lo lógico es que sea la pieza política la que se aborde en primer lugar» porque si se determina que la fórmula no es ilegal, podría influir en el resto de los bloques.

El mal uso de las transferencias

Al margen del desmembramiento de las diligencias, los técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía que elaboraron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y a empresas en crisis escanciadas por la Junta entre 2001 y 2010, ratificaron ayer ante la instructora el «inadecuado» uso de las transferencias de financiación para el abono de las subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. Esa herramienta sólo se podía utilizar para equilibrar la cuenta de ingresos y gastos del IFA, luego IDEA.