La Junta acumula 272 altos cargos, 61 más del número que se marcó

Hace poco más de un año se anunció que se reducirían desde los 238 hasta los 211, pero, según los datos del portal de transparencia, esa rebaja no se ha producido.

Hay cifras que no son inamovibles y, a veces, oscilan al alza. El 30 de junio de 2015 desde el Ejecutivo andaluz se anunció que el Portal de Transparencia que alumbró y del que ha hecho bandera, en funcionamiento desde marzo de aquel año, lo haría en breve a pleno rendimiento. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, adelantó en la rueda de prensa posterior a la reunión de un Consejo de Gobierno, que la Junta contaba con un total de 238 altos cargos y directivos de máximo nivel, en concreto 196 y 42, respectivamente; 222 eventuales y un patrimonio de 14.589 inmuebles, entre un rosario de datos que proporcionó. Un par de semanas después, el 14 de julio, el socialista aseveró, en el mismo escenario del palacio de San Telmo, que el Gobierno de Susana Díaz iba a soltar lastre y a ajustar los integrantes de ese colectivo de trabajadores hasta reducir su número en 27, con lo que quedarían en nómina 211. Es más, detalló que en aquel momento ya se habían eliminado 13, gracias al nuevo diseño estructural del Ejecutivo regional, que cuenta con 13 consejerías, algunas menos que en ejercicios anteriores.

En el aire quedó la supresión de los otros 14, pertenecientes a la órbita de las entidades instrumentales de la Junta, que se llevaría a cabo poco tiempo después, dado que había que modificar para ello los estatutos de esas empresas públicas. Vázquez explicó que la rebaja de altos cargos, categoría a la que es posible acceder gracias a la libre designación –lo que algunos sindicatos no dudan en denominar nombramientos «a dedo»– y por Decreto o Acuerdo del Consejo de Gobierno; obedecía a dos líneas marcadas por la jefa del Ejecutivo autonómico. Se refería, de un lado, a la indicación de orientar todas las políticas con el sello de su equipo a la creación de empleo y, de otro, al propósito conjunto de fortalecer «los servicios públicos» y de preservar el golpeado por la crisis «Estado del Bienestar». Se habían marcado como objetivo, añadió, poner la Administración andaluza al «servicio de los ciudadanos» y que ésta fuera más «cercana, rigurosa y austera». Ha pasado algo más de un año y si se consulta ahora la información sobre altos cargos que se encuentra «colgada» en el mencionado espacio web ligado a la transparencia, se puede comprobar que la cifra de este grupo no sólo no ha disminuido, sino que se ha elevado hasta situarse en los 272, es decir, se ha incrementado en 61, respecto a los 211 que, en teoría, debían integrarlo ya. De la hilera de nombres se puede deducir una circunstancia: once suman el ejercicio de las funciones vinculadas a dos puestos distintos, entre ellos quien ostenta la Vicepresidencia del Gobierno, además de ser el titular de la Consejería de Presidencia y Administración Local, y uno de los «hombres fuertes» de Díaz, Manuel Jiménez Barrios.

En la misma situación se encuentra Manuel Alcaide, secretario general de Educación y Formación Profesional, y director general del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores; María José Asensio, imputada y luego desimputada en el «caso Aználcollar», que es la secretaria general de Innovación, Industria y Energía y presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía; María Isabel Baena, directora general de Investigación y Gestión del Conocimiento y de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; o Julio Samuel Coca, director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), además de der secretario general de Empleo. En ese listado se incluye también a Manuel García, director gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento y director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento; a Jesús González, director gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral; y a María José López, consejera delegada de Promonevada SA –sociedad que se encuentra en proceso de liquidación– y de Cetursa Sierra Nevada SA. Por último, sobre Torcuato Romero recae la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, así como la de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol; Jesús Sánchez, por su parte, atesora la Dirección General de Planificación Económica y Estadística y la del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; y Eduardo Tamarit, es director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y secretario general de Cultura.

Quien tiene la consideración de alto cargo, que conlleva el cobro de las mayores retribuciones a soportar por las arcas públicas, está regulado por el contenido de una ley:la 3/2005, de 8 de abril.