La Junta concreta su «insumisión a los desahucios» en expropiaciones de pisos

Griñán habló en Twitter de «un paso adelante». La ley «estrella» de IU llega, en términos de la consejera de Vivienda, Elena Cortés, con «garantía jurídica plena como la luna llena», camino de la quimera de una «Andalucía insumisa ante los desahucios».

Griñán habló en Twitter de «un paso adelante». La ley «estrella» de IU llega, en términos de la consejera de Vivienda, Elena Cortés, con «garantía jurídica plena como la luna llena», camino de la quimera de una «Andalucía insumisa ante los desahucios». La Junta defiende la ejecución de «una política diferente contra la exclusión social». A la espera de su publicación en el BOJA, más allá de la buena voluntad que se presupone, las dudas y las inconcreciones son mayores que las certidumbres. La patronal critica la finalidad «recaudatoria» de la norma y estudiará llevarla a los tribunales.

Elena Cortés presentó el Decreto Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda como un «cambio estructural» y «radical» para, entre el populismo y el comunismo, «mejorar la vida cotidiana de la gente» y lograr «un horizonte más justo» con «la riqueza mejor repartida» tras la «estafa inmobiliaria». Según la consejera, la norma ha contado con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos. Estaríamos, según la Junta, ante la «respuesta a una situación de emergencia social por la vulneración del derecho a la vivienda».

Los síntomas, en cifras: «45 desahucios al día en Andalucía, casi 86.000 desde 2007, y entre 700.000 y un millón de viviendas vacías», de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a bancos e inmobiliarias. Diagnóstico: «La vivienda, como objeto de especulación. Hoy decimos basta, hasta aquí hemos llegado». Cortés habló de una «situación no soportable en términos económicos, sociales y éticos». «La solución al problema de la vivienda no va a venir por la construcción de más vivienda. Si ésa fuese la solución, este país sería un paraíso. Venimos de 800.000 viviendas al año, más que Inglaterra, Francia y Alemania juntas», explicó Cortés. El tratamiento: «Incentivos a los particulares, sanciones a los bancos, inmobiliarias y otras personas jurídicas» y «que el stock salga en alquiler». Se trata, al menos en teoría, de un tratamiento invasor consistente en la «expropiación temporal del uso de una vivienda ante la inminencia de un desahucio durante tres años». La «expropiación» se efectuará por el «2% del justiprecio», que será la cuantía alcanzada en la subasta. «No compramos la vivienda, expropiamos el uso», dijo Cortés.

La medida, en caso de que «la dación en pago no empiece a aplicarse con carácter retroactivo», podría prolongarse más tiempo. Asimismo, se creará un «registro de viviendas deshabitadas».

La consejera defendió el «anclaje en la legislación vigente» de una norma recogida «en el programa de IU y en el acuerdo de Gobierno». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Sociales y Cultura, la Constitución –«que para algunos derechos queda en papel mojado», aviso «para los que tienen» la Carta Magna «como libro de cabecera»–; y el Estatuto de Andalucía. El censo de vivienda y suelo de 2001 señala «entre 700.000 y un millón» de inmuebles vacíos. El decreto «rema» en la dirección de potenciar el alquiler.

¿Qué vivienda podrá ser multada? «La que con todos los derechos está deshabitada seis meses al menos». Se excluyen las segundas residencias y las viviendas de turismo o alquiler por temporadas. Las personas físicas no serán sancionadas, «sólo las jurídicas», esto es, «bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión patrimonial». Las sanciones muy graves, por «no dar uso residencial o engañar a la Administración», alcanzan los 9.000 euros, que se destinarán a «financiar políticas del derecho a la vivienda». Las sanciones serán «por cada vivienda deshabitada», no por entidad propietaria. ¿Y si se ponen en alquiler a precio desorbitado? «Eso forma parte de la oferta y la demanda», dijo la consejera, dando a entender, sin concretar y sin «luna llena» en este caso, que se contemplarán arrendamientos efectivos y no sólo su puesta en alquiler.

Cortés admitió, sobre las reticencias de su socio de Gobierno, que «habrá habido decretos más sencillos que acordar» pero el resultado es «contundente» y «el que esta consejera esperaba».

Fadeco, la patronal de la construcción, habló de «una intromisión del poder ejecutivo en el legislativo». «En Vivienda, la Junta se está caracterizando por hacer disposiciones de pomposos titulares pero luego en la realidad práctica sirven para poco», indicó. «Si la Junta tiene tantas ganas de pagar subvenciones, debería empezar a pagar las ayudas del plan anterior», añadió, tildando de «ocurrencia» con «finalidad recaudatoria» la propuesta de la Junta.

El PP-A, a través de la diputada Alicia Martínez, acusó a la Junta de «copiar» las medidas de Rajoy pero con el «radicalismo» de IU.