La Junta descarta controlar las 2,5 horas de «teletrabajo» de sus funcionarios

Montero acuerda con los sindicatos el decreto para cumplir las 37,5 horas, que será de aplicación «inmediata»

La consejera no contempla que el Ejecutivo central recurra el decreto que aprobará hoy el Consejo de Gobierno

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CC OO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación. El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».