La Junta rompe la baraja de la austeridad sin un acuerdo estatal por las 35 horas

Montero estima que la recuperación de la jornada laboral reducida de los funcionarios puede generar entre 7.000 y 10.000 empleos

«La supresión de las 35 horas vino por un decreto ley del Gobierno de Rajoy y se restituye con un decreto ley del Gobierno andaluz», señaló María Jesús Montero. La Junta, teórico adalid en el debate nacional de la «igualdad entre españoles con independencia del territorio», escenificó ayer el final de las medidas de austeridad bajo la premisa de que «para la presidenta es una obsesión que la recuperación llegue a las familias». El Consejo de Gobierno dio luz verde a la aplicación desde ayer de la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público. Minutos antes de la comparecencia del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el Ejecutivo central comunicó el aplazamiento del encuentro previsto para negociar la medida. Un retraso que Montero interpretó como «un gesto de buena voluntad» al entender que el Estado gana tiempo para explicar la medida.

El Tribunal Constitucional ya tumbó en septiembre las 35 horas que trató de aplicar el socialista García-Page en Castilla-La Mancha, al considerar que invadía una competencia del Estado. El Gobierno estatal también recurrió la medida en Euskadi y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también la anuló. Hay otro recurso abierto en el Ayuntamiento de Madrid. En Andalucía, sin embargo, de momento, entra en vigor y en lugar de recurso hay una Comisión Bilateral de Cooperación. Pese a que Susana Díaz insta a Rajoy, antes de negociar, a extender la medida a toda España, el propio líder de la gestora del PSOE y presidente de Asturias, Javier Fernán-dez, ya rechazó la restitución de las 35 horas que solicitaba Podemos, al que acusó de «querer colgarse medallas ante los funcionarios» y lanzar «un brindis al sol» porque «es evidente que Rajoy recurrirá». Los socialistas asturianos sostienen que la medida era de imposible aplicación al carecer de partida y porque las 37,5 horas actuales están reguladas por una norma estatal. La consejera reivindicó que la Junta dispone actualmente de la suficiencia financiera adecuada para hacer frente al restablecimiento de la medida y subrayó las plenas competencias de la Administración autonómica para regular en materia de jornada laboral de su personal, como establece el propio Estatuto Básico del Empleado Público. El coste económico de la medida, según la consejera Montero, es de 105 millones. Con todo, la Junta reiteró que Andalucía está «infrafinanciada, reclamando un nuevo sistema de financiación y «dejar las políticas de austeridad que tanto daño han hecho». La implantación de las 35 horas, en teoría, afectan a 260.000 funcionarios de la Junta, aunque en ámbitos como el educativo y el sanitario aún no tendrá efecto pleno.

El Gobierno andaluz defendió que es «una medida que entronca con el ideario progresista. Lo prometimos y cumplimos; porque tenemos competencia para hacerlo y capacidad de cumplimiento», señaló Montero, apostillando que se mantiene la «lealtad al Gobierno sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria». «Siendo prudentes, estas 35 horas pueden generar entre 7.000 y 10.000 nuevos empleos públicos», defendió Montero. La Junta pretende que la medida sea «ejemplarizante» también para el sector privado» y «que empiece a mejorar las condiciones de los trabajadores». La consejera de Hacienda también abogó por la supresión total de la tasa de reposición, algo que, según dijo, reivindicará Susana Díaz en la Conferencia de Presidentes. El objetivo es «la convocatoria de una oferta masiva de empleo público» y evitar un «efecto llamada» en Andalucía.

Con las 35 horas semanales en el sector público «se restablece una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera». Con carácter general, la medida supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana. En el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos. La nueva jornada también se aplica de manera inmediata en educación, si bien la reducción de horas lectivas no se materializará hasta el comienzo del próximo curso escolar. Montero defendió que se realizarán las contrataciones necesarias en Sanidad, mientras que en los centros educativos se procederá al nombramiento de personal interino. La jornada laboral de 35 horas constituye una de las medidas reclamadas por los empleados públicos y quedó recogida en el calendario de restitución de derechos que la Junta y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF acordaron en junio.

Sólo se devolverá la paga extra a los jubilados y fallecidos si se reclama

Restitución de derechos pero en parte. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, informó ayer de la devolución de un nuevo tramo de la paga extra de 2012 que se hará efectivo en febrero, como establecía el calendario de restitución de derechos de los empleados públicos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer las instrucciones dictadas por su departamento para proceder al abono de los importes equivalentes a otros 46 días que se harán efectivos junto con la nómina del próximo mes. Según el acuerdo con los sindicatos, la cantidad restante, correspondiente al último 25%, se abonará según recoge el acuerdo, en febrero de 2018. No obstante, aquellos funcionarios que no estén en activo (jubilados o fallecidos a través de sus herederos) tendrán que reclamar la cuantía para poder cobrarla siguiendo el modelo de solicitud de abono que aparece en el BOJA.

Según la Junta, «la recuperación de la jornada laboral de 35 horas se enmarca en el proceso de devolución los derechos laborales suspendidos que se viene realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura». «El personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25%, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades», señaló el Gobierno andaluz. Tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del 1% (máximo permitido por la ley estatal). Desde junio de 2015 se han recuperado todas las pagas extraordinarias y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la devolución de la extra de 2012, proceso que se completará en febrero de 2017 y de 2018. De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se ha actualizado el catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.

El resto de derechos se completará en 2018 y 2019 con la recuperación de la nómina completa, al restituirse el 10% de los conceptos retributivos variables (como los vinculados a productividad o a consecución de objetivos) en dos tramos del 5% cada año. En 2019 se restablecerán también las ayudas de acción social. Junto a Cataluña, Andalucía es la comunidad que más ha demorado el reintegro de los recortes de la paga extra.