La Junta se compromete a no tocar la Ley de Memoria Histórica si no hay consenso

Crea un Comisionado para la Concordia que asumirá la norma en vigor pero promoverá cambios con acuerdos

«Creo que todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares y eso lo asumimos». Es el pronunciamiento más contundente hasta ahora del nuevo Gobierno andaluz del PP y Cs, en concreto de su portavoz Elías Bendodo, sobre la Memoria Histórica, que incluye ayudas públicas para exhumaciones de fosas comunes de víctimas del franquismo. La hizo ayer tras el Consejo de Gobierno que aprobó la creación de un Comisionado para la Concordia, el nombre que el acuerdo de investidura entre PP y Vox da a la normativa que quieren que sustituya a la actual Ley de Memoria Democrática.

El PP es consciente de las suspicacias que despierta este asunto –la prueba es que copó la mayoría de las preguntas de la prensa–, ya que Juanma Moreno es presidente andaluz gracias a los votos de un grupo, Vox, que rechaza la actual normativa sobre Memoria Histórica. Su socio de Gobierno, Cs, no es tan claro pero al igual que el PP se abstuvo en la pasada legislatura en la que el Gobierno socialista de Susana Díaz sacó adelante la Ley de Memoria Democrática que ampliaba las ayudas públicas para víctimas y familiares e incluía en las aulas contenidos relacionados con la dictadura y su represión.

Eso, y la polémica porque Vox presida la Comisión parlamentaria de Cultura, que incluye las competencias de Memoria Histórica, ha despertado todas las alertas en los colectivos memorialistas. Y hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, defendió ayer que esta materia no está para «abrir heridas» –término que se ha escuchado usar a los líderes nacionales de PP y Cs– sino para «cerrarlas» y que ya tiene una parte de «reconciliación» por lo que si hay algo que «restaurar» es lo referente al derecho de los familiares de las víctimas a «enterrar a sus seres queridos».

Será elegido por PP y Cs

Bendodo se afanó ayer en defender que el nuevo Gobierno asume y respeta «al 100%» la actual ley en vigor y su presupuesto, cuyas competencias serán asumidas por el Comisionado para la Concordia, que será consensuado por el Consejo de Gobierno de PP y Cs como el resto de nombramientos, sin contar con «nadie más» –leáse Vox–.

Esta figura sustituirá al director de Memoria Democrática que en la pasada legislatura dependía de la Consejería de Presidencia –aunque anteriormente también hubo comisarios enmarcados en las consejerías de Cultura o Justicia–. Y lo cierto es que su objetivo será buscar el «mayor consenso» para «mejorar» la actual ley de forma «tranquila y prudente» para lograr un texto con el que «todos se puedan sentir cómodos y representados».

Lo que no quiso es aclarar con qué parte de la actual ley no está cómodo el PP. «No entraré en eso. Asumimos el 100% de la ley en vigor y del presupuesto que tiene porque está prorrogado», zanjó.

La ley actual fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Cs. Bendodo recordó que ambas formaciones, hoy socios del nuevo Gobierno andaluz, presentaron «70 enmiendas y no se respaldó ninguna» pese a lo cual «por responsabilidad» los dos partidos se abstuvieron en la votación parlamentaria. Para la Junta, la actual ley no era pues «de consenso» y es eso lo que quieren buscar. Llegó a decir que para aprobar una nueva sólo con una mayoría de votos en la Cámara «ya está la actual, para eso no la tocamos». El Grupo de Vox en el Parlamento reaccionó al anuncio de Bendodo, advirtiendo de que la derogación de esta norma «no consiste sílo en cambiarla de nombre». «Sobre el papel, el Comisionado de Concordia sustituye y asume las competencias de lo que hasta ahora había sido el director general de Memoria Democrática. En la práctica, es un absoluto sinsentido», indicó.