La Junta se niega a desvelar el importe total que reclama a UGT

Afirma, vía el portal de transparencia, que dar esa información afectaría a expedientes «incursos» en procedimientos judiciales «sub iúdice»

LA RAZÓN quería averiguar el importe total que la Junta reclama hoy al sindicato UGT-A, tras la revisión interna de expedientes llevada a cabo después de hacerse público que pudo haber presuntas irregularidades en la gestión de los fondos que se le concedieron, lo que acabó rompiendo la histórica luna de miel de ambas entidades. La última cifra conocida al respecto, la aportó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en octubre de 2014, cuando aseveró en el Parlamento autonómico que el Gobierno andaluz reclamaba entonces al sindicato un global de 15,3 millones de euros por ayudas sin justificar.

Para intentar actualizar esos datos, este periódico recurrió al portal de la transparencia que debe alimentar por ley el Ejecutivo regional, pero el resultado final ha sido una negativa a proporcionar dicha información. La petición se tramitó, pero acabó en un «no» al «acceso» a la misma.

En un escrito, firmado por la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio, se justifica el rechazo en lo argumentado, a su vez, en un informe emitido por la Secretaría General de la consejería, al frente de la cual se encuentra, Julio Samuel Coca. En él se expone que efectivamente procedía «admitir a trámite» la demanda de información formulada «al no apreciarse la concurrencia de causa» que sustentara el no hacerlo, si bien, entiendió ese ente que se debía «denegar» al apreciarse que «resulta de aplicación la limitación contenida» en un artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ltaibg), así como lo dispuesto en la disposición adicional primera de dicha norma. Defienden desde Empleo en esencia que el querer saber la cuantía que le exige la Junta a UGT como resultado de las anomalías detectadas afecta a «expedientes incursos en procedimientos ‘sub iúdice’, en los que el acceso a la información requerida por un tercero no interesado» podría vulnerar «los derechos de las partes en los citados procedimientos y verse comprometidos bienes jurídicos protegidos».

Partidos de la oposición como el PP han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno andaluz, también sin éxito, que aclare qué expedientes ligados a la organización sindical son los afectados y a qué cantidades ascienden los fondos públicos a recuperar. Interrogantes por contestar igualmente en otros casos como el de la trama empresarial que armó el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, el de los consorcios de formación o el de la extinta fundación pública Faffe.