La «mala praxis» es... de la Intervención

Los interventores de la Junta pasaron ayer de ser unos de los promotores de que se haya intentado parar en seco el desbarajuste formativo, a ser los señalados. El que fuera jefe de servicio de la Dirección General Formación de Córdoba entre 2002 y 2012, Manuel Gavilán, cuestionó en el seno de la comisión de investigación parlamentaria el informe especial sobre las ayudas a la formación realizado por el interventor en su provincia, Antonio Escudero, que «con el tiempo se estudiará en las escuelas de auditoría como un ejemplo de mala praxis», llegó a augurar.

«Es un informe que no tiene fundamento y la conclusión a la que llega se contradice con las salvedades que plantea», aseveró, para matizar que no cree que «sea responsabilidad» de Escudero, quien le ha demostrado, dijo, «un rigor y un conocimiento importantísimo» en sus trayectorias compartidas. Pese a los cuales insistió en múltiples momentos en que «con las salvedades que da» y las «limitaciones de alcance» existentes no se puede afirmar «tajantemente» que el órgano gestor no cumplió «con la normativa».

Para Gavilán, imputado en una de las causas judiciales que diseccionan los cursos financiados por el Gobierno andaluz y militante del PSOE, según desveló el PP, todos los procedimientos se desarrollaron en su departamento «en consonancia» con la normativa. Aunque admitió una «irregularidad»: la detectada por la Cámara de Cuentas en un expediente de 2009 ligado a la empresa Faasa Aviación. Recurrió al frenético ritmo que alcanzó la maquinaria burocrática encargada de la formación para aseverar que el «error» de tramitación se debió a la «carga de trabajo» y apuntaló: «La Intervención en la fase previa tampoco lo detectó», aunque se mostró convencido de que el «control financiero» la hubiera visto por el «volumen» de la subvención –mencionó 720.000 euros–. No se permitió dejar el estrado sin trasladar a la comisión además que sus compañeros le han comunicado que «se ha abierto un expediente de reintegro» y la «situación está regularizada».

Horas después la ex jefa de ese servicio en Granada María Noelia García también rebatió lo sostenido por el interventor de su provincia en cuanto al caos de unos expedientes que, según ella, no tenían «ninguna deficiencia importante» cuando los «vio salir». Y es que, quiso dejar constancia de que «vivió» el «traspaso de competencias en materia de formación profesional» de Empleo a Educación en 2013, que fue «complejo» y coincidió en el tiempo con una fiscalización de la Intervención que no quiso «desvalorizar», pero cuyas razones desconoce, dado que su labor ya había sido controlada antes en «tiempo y forma». García se distanció de Gavilán en un punto: a su juicio, no había falta de medios personales. El cordobés mantuvo que sí, y así se lo hizo saber a sus superiores. Es más, afirmó que estuvo «al borde de la depresión» al pensar que «no podría sacar adelante» el trabajo.