La mitad de los inquilinos de viviendas sociales de la Junta de Andalucía no paga el alquiler

El 49 por ciento se ve «obligado a dejar de abonarlo de forma temporal por su situación», según la Consejería, pese a que la cuota media son 33,90 euros. La negociación con la Sareb para ceder pisos vacíos aún no se ha cerrado

Un total de 41.160 familias andaluzas no pueden pagar el alquiler de su casa pese a que disfrutan de unos precios que fijan la cuantía media en 33,90 euros, con un límite del 30% de la renta familiar. Suponen el 49% de las que ocupan uno de los 84.000 pisos sociales que la Junta tienen repartidos por toda Andalucía. «Actualmente, más de la mitad, el 51%, está al día en el pago de los alquileres, mientras que el resto registra algún tipo de incidencia o retraso en su abono debido a causas vinculadas con las crisis», admite la Consejería de Fomento y Vivienda, que defiende que «no se trata de una tendencia generalizada sino de incidencias puntuales que obligan a estas familias a dejar de abonar de forma temporal estas rentas debido a la situación excepcional que atraviesan».

Las viviendas públicas están todas ocupadas actualmente, por lo que no es posible atender las emergencias sociales derivadas de los desahucios. En torno al 16% del total en España el año pasado se produjeron en Andalucía y suponen el 20% de los derivados de ejecuciones hipotecarias a nivel nacional. Esto provoca que las necesidades crezcan pero no existan pisos libres para reubicar a las familias. Como una solución alternativa, se requirió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que cediera los pisos vacíos que posee en la comunidad para darle un uso social. Esta negociación está abierta desde septiembre pasado, pero el acuerdo continúa demorándose. Tanto que incluso el Defensor del Pueblo Andaluz abrió un expediente de oficio requiriendo información a la Consejería y a los 29 municipios de más de 50.000 habitantes, así como a las diputaciones provinciales preguntando por la incorporación de las viviendas de la Sareb y del Fondo Social de Viviendas al alquiler social.

La propia Junta multó en 2014 con 120.000 euros a la entidad por «obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas»

«La Junta ha defendido siempre que las viviendas de la Sareb deben estar a disposición de las familias andaluzas que más lo necesitan, con el fin de atender la situación de emergencia social y las demandas de las familias más vulnerables», insisten desde Fomento y Vivienda, que presentó a la entidad un documento indicando «donde, por una parte, dónde tenemos mayor demanda de vivienda y, por otra, zonas en las que la situación económica que presentan las familias es de vulnerabilidad o pocos ingresos», aunque sin especificar cuáles son dichas zonas. Por parte de la Sareb aseguran que ya se han cerrado nueve convenios similares en toda España. El primero fue con el Ayuntamiento de Barcelona. En Cataluña disponen de 600 pisos más otros 300 que se incorporaron posteriormente; Aragón, Galicia, Baleares, País Vasco, Castilla León y Canarias son las otras comunidades que ya han consumado la cesión temporal. Fuentes de la Sareb aclaran que «los alquileres no los ponemos nosotros, depende de la Administración, pero suelen estar entre 75 y 150 euros». «Se pactan cómo se reparten los gastos derivados: debemos pagar el IBI y otros impuestos, por lo que esa cuantía fija se destina a sufragar dicho coste. Luego se pacta el precio en función del estatus de las viviendas, si hay que arreglarlas o adecentarlas... Estamos abiertos a acuerdos», insisten. Además de con la Junta están en conversaciones con el Ayuntamiento de Córdoba. Sin embargo, eluden hablar de fechas para el cierre definitivo, al igual que la Consejería.

Tampoco concretan la cifra de pisos que se cederían, solo sus activos inmobiliarios en Andalucía –incluye solares o locales además de viviendas–, que rondaban al cierre del primer semestre del año pasado los 21.000. Los pactos suscritos suponen ceder la gestión generalmente por cinco años «porque al final nosotros queremos liquidar las viviendas», concluyen las mismas fuentes. En este sentido, la Junta puntualiza que los inmuebles deben estar «deshabitados, para poder así asignarlos de inmediato a las personas que los necesiten». El censo de solicitantes son los registros municipales, mientras que las viviendas son responsabilidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Respecto al alto índice de impagos, Fomento defiende que su gestión «no se limita al mero cobro de alquileres, sino que aglutina una ambiciosa labor social y de concienciación».

«Precisamente uno de los ejes es la concienciación y la corresponsabilidad en el mantenimiento, conservación y abono de las rentas de alquiler. La Junta realiza este trabajo mediante el seguimiento y control de su población inquilina, tarea compleja en un parque tan amplio», explica la Consejería, que adelanta que «estamos trabajando para ampliar los sistemas de vigilancia».

Sevilla es la provincia con mayor número de viviendas públicas regionales, más de 21.900. La sigue Cádiz con más 16.200 pisos; tras ella, Málaga, que supera las 9.000; Córdoba, con 8.700; y Huelva, con alrededor de 8.400. Granada dispone de otras 7.800; Jaén, 6.700, y Almería ronda las 5.200 viviendas.