La pensión media de autónomos y mujeres no llega al salario mínimo

Ni el «generoso» aumento durante cinco años consecutivos del Gobierno –a razón de un 0,25% anual– ha conseguido elevar hasta el salario mínimo las pensiones. Un millón y medio de andaluces perciben algún tipo de pensión, sea por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente. Los jubilados conforman el grupo más numeroso, algo más de la mitad. Y no están contentos porque consideran que lo que cobran no puede calificarse de un sueldo «digno».

«A muchos les gustaría devolver esa generosa subida, que en algunos casos no llega ni a un euro, es miserable», critica Cristóbal Ráez, portavoz adjunto de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. «Nuestra reivindicación no solo es en torno a esa subida, hoy luchamos por unas pensiones dignas, mañana quizá solo por que haya pensiones», avanza. Ese calificativo, «dignas», lo emplean con asiduidad e incluso tiene asignada una cifra: 1.080 euros mensuales, calculados según las recomendaciones de la Carta Social Europea. «Que no nos actualicen el IPC real es un recorte y en estos cinco años ha habido un acumulado importante», advierte Ráez.

Esta pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional se acentúa al detenerse en cada comunidad autónoma. Andalucía ocupa el tercer puesto –por delante solo Extremadura y Galicia– de las prestaciones más bajas: 835 euros frente a los 932 de media española. Las diferencias se amplían aun más para determinados sectores. Los autónomos, por ejemplo, cobran cuando se jubilan setecientos euros mientras a los trabajadores del resto de regímenes les quedan de media 971 euros. Las mujeres también sufren un varapalo importante y perciben trescientos euros menos que ellos, situándose en ambos casos por debajo del salario mínimo. A los afectados no les convencen medidas anunciadas por el Gobierno como la deducción para pensionistas similar al descuento de cien euros que ya se aplica a familias numerosas –de momento solo un globo sonda del ministro de Hacienda–. Y las noticias que llegan no son buenas: «El año que viene comenzará a aplicarse el factor de sostenibilidad. Esto significa que el cálculo de la pensión se vincula a la esperanza de vida media del pensionista», que el Movimiento andaluz –integrado en la Coordinadora Estatal–considera otro error. Su portavoz critica la limitación del pago a la llamada «hucha de las pensiones» porque «si no hay un equilibrio entre las cotizaciones sociales y los gastos del Estado, en caso de necesidad debe recurrirse a los Presupuestos Generales del Estado mediante transferencias», más cuando el fondo de reserva ha liquidado los 66.000 millones con los que partió.

La carta enviada por la ministra Fátima Báñez anunciando la subida del 0,25% –«para los que más ha subido dos euros», explica Ráez–actuó como un resorte para que miles de afectados se manifestaran el pasado día 22. «Del ninguneo hemos pasado a que se nos escuche –dice orgulloso–. Somos 9,5 millones de pensionistas en todo el Estado y se mueven 126.000 millones de euros anuales. Esto debe ser un centro del debate político, social y económico, con permiso del tema catalán». La calle, admiten, es su principal vía para «hacer ruido», pero paralelamente están diseñando un calendario de acciones para informar en todas las provincias sobrela situación y se han reunido con los cinco partidos con representación parlamentaria en Andalucía y presentado mociones en los ayuntamientos.

Las prestaciones de orfandad son las más bajas, con una media de 362 euros, que se pagan a casi setenta mil andaluces, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al cierre de febrero. Las de viudedad superan levemente los seiscientos euros mensuales y prácticamente la totalidad de las 389.000 personas que se benefician de ellas son mujeres; los pocos hombres que las perciben son más bajas. Por invalidez cobran una pensión más de doscientos mil (868 euros al mes).

«El problema no puede ser que vivimos demasiado o que nos jubilamos demasiado pronto –critica Ráez, prejubilado hace dos años de la banca–. El Gobierno debe garantizar el actual sistema. Es una falacia que no hay dinero para pagar las pensiones, en vez de optar por buscar más ingresos se ataca al gasto con este recorte». El movimiento andaluz también quiere rescatar el debate de la edad de jubilación para que se anule el retraso hasta los 67 años aprobado en la última reforma laboral del Gobierno. Tampoco son partidarios de compatibilizar trabajo y pensión. «No podemos poner a pelear ahora con los jóvenes por empleos precarios», advierten.