Andalucía

La Policía detectó anomalías en las normas de la Junta para dar los fondos

Acusan al SAE de Huelva de «opacidad» en una corrección de errores publicada en el BOJA en la que no se aclararon cuáles eran ni a quién afectaba. Empleo remitió ayer las órdenes que regularán las nuevas convocatorias de formación anunciadas por Díaz para su inclusión en el boletín oficial

La Razón
La RazónLa Razón

Acusan al SAE de Huelva de «opacidad» en una corrección de errores publicada en el BOJA en la que no se aclararon cuáles eran ni a quién afectaba

La comunidad sigue a la espera de que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las órdenes con el contenido de las bases reguladoras de tres convocatorias que permitirán reactivar las acciones formativas, paralizadas desde 2011, de acuerdo al anuncio reiterado de la presidenta Susana Díaz.

Eso es futuro. Por lo que respecta al pasado, la Policía ha dejado constancia de distintas anomalías en relación con la normativa de acuerdo a la cual se repartieron los fondos para los cursos ahora salpicados de sospechas en el sumario que coordina el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva sobre el presunto fraude. Los investigadores han analizado una serie de empresas beneficiarias de subvenciones imputables a planes de formación para el empleo, reguladas por la Orden de 23 de Octubre de 2009, dentro del Programa Presupuestario 32D; y por la Resolución de 21 de Febrero de 2011 de la dirección onubense del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ayudas que, según esa Orden, debían llevar consigo la «correspondiente convocatoria». Por lo que respecta a la Resolución, los agentes reflejan en sus informes que marcaba un plazo de tres meses –pasado el cual la solicitudes se entenderían desestimadas– y su contenido mínimo habría de adaptarse al artículo 13.2 del Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, que aprobó el Reglamento por el que se reguló la asignación del dinero de la Junta. Es decir, como mínimo debería recoger: «Beneficiarios, actividad a desarrollar y plazo de ejecución; cuantía de la subvención y la aplicación presupuestaria del gasto; forma y secuencia del pago; condiciones que se imponen al beneficiario y plazo y forma de justificación». Sin embargo, analizada la Resolución de concesión de ayudas de Huelva, la Policía avisa al juzgado de que «no se puede determinar cuál ha sido, en el caso de que la hubiese, la convocatoria que habría dado pie a la misma». Además sólo se indicó que ésta se encontraba «dentro» del mencionado «Programa 32D», pero «en ningún lugar» se hizo referencia a «la partida presupuestaria» de la que procedían los fondos, ni tampoco se hizo alusión a si éstos provenían «en exclusiva» de la Administración andaluza o también de la Unión Europea, que como prescriben las normas descritas, es también preceptivo –el Ejecutivo autonómico ha asegurado al juzgado que no hay dinero europeo de por medio–».

Los agentes reflejan también en sus informes que en la Resolución tampoco se indicaba «la modalidad objeto de subvención, de las siete diferentes recogidas en la Orden de 23 de octubre», ni del «tipo de beneficiarios» a los que iba dirigida, «encontrándonos un tótum revolútum de entes públicos, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas e incluso personas físicas», enumeran. Llama su atención además una «corrección de errores» que se publicitó en el BOJA de 12 de mayo de 2011 de la dirección del SAE en la provincia. En ella «únicamente se indica que ‘advertidos ciertos errores’», se procedía a su subsanación, «sustituyéndose íntegramente la relación de beneficiarios publicada». «En ningún momento», anotan los investigadores, se aclaró «cuáles han sido los errores detectados, en qué consistían, cuáles eran los beneficiarios afectados por los mismos y cuál la subsanación». «Simplemente se limitan a publicar nuevamente el listado completo de beneficiarios», rematan. Circunstancia que para los agentes, «denota, cuanto menos, una cierta opacidad o ánimo de tratar de dificultar, cuando no de ocultar, cuál ha sido el error cometido y, lo que es más importante, sobre qué empresas o entidades se ha cometido el mismo».

La Junta tal vez debería tomar nota del listado policial para esquivar el fraude. Lo que sí hizo ayer la Consejería de Empleo es remitir las órdenes con las bases que marcarán las próximas convocatorias de formación, para su inclusión en el BOJA en las próximas semanas.