La Policía Nacional detiene al testigo protegido de la jueza Alaya

De testigo protegido a detenido e imputado. El conflicto de competencias derivado del intento de Alaya de arrebatar el caso de la formación a la Policía –como sucedió con los ERE– y confiárselo a la UCO de la Guardia Civil suma un nuevo capítulo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo ayer a Teodoro Montes, el funcionario de la Junta que Alaya consideraba como un testigo clave en su acusación contra la Junta por el fraude en la formación, confirmaron a LA RAZÓN fuentes cercanas a la investigación. Este diario se puso en contacto con Teodoro Montes, que declinó hacer declaraciones.

Montes forma parte de la decena de arrestados en la segunda fase de la «Operación Edu», desarrollada en Sevilla, según las mismas fuentes. El operativo supera ya el medio centenar de arrestos. Montes, a diferencia de ante Alaya, a la que acudió expresamente a declarar, se acogió a su derecho a no testificar. El pasado octubre, la magistrada le concedió la condición de «testigo protegido», accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras verter importantes acusaciones contra los sindicatos y la patronal andaluza y retractarse al día siguiente coincidiendo con el anuncio de la CEA de emprender acciones legales. La protección llegó a tal punto que no se pueden difundir imágenes del ahora imputado por la Policía. Alaya llegó a frenar una demanda de CC OO. La jueza anunció, incluso, que actuaría penalmente contra quienes se querellen contra el «testigo protegido» por la presunta obstrucción a la Justicia.

La UDEF considera que el funcionario –que le ganó un juicio a la Junta y tuvo que ser readmitido y que denunció gravísimas irregularidades como mordidas del 20% en la concesión y el control de las ayudas – ha incurrido en los delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental. Entre los detenidos en la segunda fase de la «Operación Edu», repite la ex delegada provincial de la Consejería de Empleo Aurora Cosano, que fue detenida por la UCO en marzo en la «Operación Barrado» junto a otros 15 altos o ex altos cargos de la Junta. Completan la nueva nómina de arrestados jefes de servicio, jefes de departamento y técnicos del SAE encargados del control de las ayudas. La UDEF también registró la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla.

El pasado octubre, la entonces jueza de Instrucción 6 de Sevilla intentó dejar de contar con la Policía en sus pesquisas en beneficio de la Guardia Civil, en concreto del grupo de su confianza con el que trabajaba en el «caso ERE». La magistrada dictó un auto ordenando al director general de la Policía que el Cuerpo dejara de investigar el fraude en la formación argumentando que se ponía «en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas». La Policía tomó declaraciones y recogió documentación; también detuvo al ex consejero Ángel Ojeda, uno de los principales beneficiarios del fraude según la investigación. La actuación policial, indicó Alaya, tuvo «consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable». Como la Policía Judicial trabajaba con jueces de otros juzgados y fiscales, el auto no afectó a lo que se investigaba.

Teodoro Montes testificó durante ocho maratonianas jornadas en calidad de testigo. El funcionario señaló que sus superiores le imponían determinadas irregularidades y habló de escritos en los que se negaba a seguir estas directrices. Citó la obligación de emitir diplomas de cursos sin realización acreditada, llegó a hablar del abuso de las condiciones mentales de determinados alumnos y que eran utilizados como mano de obra barata, culpó a la también detenida Aurora Cosano y a la secretaria provincial del SAE María Auxiliadora de Nova de haberle obligado a expedir diplomas de 25 cursos de formación de la Faffe. El encargado de supervisar los cursos en Sevilla, libre con cargos, era el principal testigo de la acusación.