La reducción de la administración paralela, un “olvido en el cajón”

La legislatura va a dejar muchos compromisos asumidos por PSOE y Ciudadanos en el limbo. Una vez otorgado el «placet» a los Presupuestos de 2018 a lo más que puede llegar el partido naranja es a ciertos pellizcos de monja como el que le dio Juan Marín a la presidenta andaluza en el último Pleno del Parlamento cuando le afeó el retraso en la aprobación de la Ley de Subvenciones. «No he pretendido molestar», se excusó Marín ante el tono lapidario de Susana Díaz: «Mi gobierno no tiene olvidos en el cajón». Pero sí que hay olvidos. Y algunos de ellos llevan años durmiendo el sueño de los (in) justos. A las alturas de la legislatura en la que estamos –con diez meses hábiles en el mejor de los casos para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones– el Consejo de Gobierno no sólo no ha enviado a la Cámara la Ley de Subvenciones. Tampoco la Ley de Agricultura y eso que se trata de una promesa que formuló Griñán en 2012 y que forma parte del acuerdo entre PSOE y Cs. Coln todo, uno de los asuntos más importantes que se va a quedar en el cajón es la reforma de la «administración paralela» pese a que los dos socios parlamentarios se comprometieron a una rebaja sensible de este conglomerado de fundaciones, empresas, agencias y entes instrumentales.

La «administración paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a San Telmo. Cuenta con una plantilla de 23.899 personas y recibirá en 2018 a través de transferencias y subvenciones un total de 3.449 millones de euros, un 4,1 por ciento de incremento respecto al ejercicio 2017 y 400 millones de euros más que cuando Díaz asumió las riendas de la Junta en 2013. Un caso que ilustra bien la ineficiencia de estos órganos que escapan al control en profundidad de la Intervención General que sí existe en la Administración central de las consejerías es la Fundación Andalucía Emprende. LA RAZÓN avanzó esta semana que este ente dependiente de la Consejería de Economía ha subcontratado un estudio para crear el Programa Andaluz de Formación para Emprender. El asunto pasaría desapercibido si no fuera porque la «macrofundación» tiene una plantilla de 946 personas, según los últimos datos de la Cuenta General de 2016, que suponen un desembolso en nóminas de más de 30 millones de euros anuales. En lugar de asumir esta tarea con medios propios, Andalucía Emprende la deriva hacia empresas auxiliares, con lo que el coste final de los servicios se dispara.

Tras la fallida reordenación del sector público andaluz del 2011 que llevó a cabo la ex consejera Martínez Aguayo y que sólo sirvió para blindar por la puerta de atrás entes como la propia Fundación Emprende o la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –perejil de mil y una irregularidades–, falta una verdadera reordenación del tejido empresarial público andaluz. La Fundación Andalucía Emprende –que por cierto pronto será protagonista de nuevos capítulos incómodos para la Junta– no es nada más que una pieza de todo un engranaje viciado y que funciona mal. Ciudadanos ha tenido la oportunidad de torcer la inercia pero esta promesa, como tantas otras del pacto de investidura con el PSOE, no saldrá adelante. La Junta, a diferencia de lo que sostiene la presidenta andaluza, sí tiene «olvidos en el cajón».