Los «apaños» en contratos de emergencias se cobran el primer investigado policial en Andalucía

La declaración del director de la empresa sanitaria de la Junta no convence a los investigadores

La cuestión esencial es determinar si la Administración fue o no cómplice de ciertas «irregularidades» que la Policía ha detectado en torno a la contratación de aeronaves implicadas en labores de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta. Del análisis de expedientes, los investigadores extrajeron una serie de indicios que apuntaban a «un presunto fraude en la contratación pública derivado del abuso de una situación de oligopolio continuado en el tiempo, permitido en mayor o menor medida por la pasividad de los funcionarios y autoridades» del Gobierno autonómico. Esto habría posibilitado que empresas «se repartan» las provincias, en lugar de «concurrir a distintos lotes» en los que se suelen dividir los contratos ligados a los mencionados medios aéreos. La Policía sostiene que «la no concurrencia» de sociedades en los procesos de adjudicación de esas contratas «repercute directamente en el carácter innecesario de introducir mejoras tanto técnicas como económicas por parte de las empresas licitadoras», todo ello «en perjuicio del administrado». Es más, han trasladado al juzgado que instruye la causa, el número 8 de Sevilla, que las adjudicatarias habituales de los contratos han creado una «necesidad» en el Ejecutivo andaluz «de contar con ellas, mediante las fórmulas pertinentes y con los ‘apaños’ oportunos».

Tras llegar a ese dibujo de situación, la investigación ha continuado y ha provocado ya que la Policía tome declaración en calidad de investigado a Luis O. G., director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), adscrita a la Consejería de Salud, lo que ha contribuido a «arrojar luz» a las pesquisas, según admite la Policía en un informe elevado al órgano judicial al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Si bien no ha servido para cambiar el criterio de los investigadores en algunos aspectos. La explicación aportada por el director de EPES sobre la posible distribución de los contratos por provincias entre las empresas Faasa e Inaer, por ejemplo, continua sin convencer a la Policía, al no aclarar «suficientemente el motivo por el que se presentan siempre» a los mismos territorios, el por qué la segunda mercantil mencionada «respeta» a la primera en Cádiz o Córdoba, aunque sea una empresa «más potente». Luis O. G. tampoco desembrolló a juicio policial «determinados aspectos técnicos que llevaron a que una aeronave» no contase «con una habilitación después de que la Administración la admitiese con una especie de declaración responsable». En definitiva, para la Policía existe una realidad que no parece «del todo correcta» y que pasa por que Faasa e Inaer no hayan «competido jamás en los mismos lotes», respondiendo «cada una de las licitaciones» públicas a «un 'acuerdo' de reparto de provincias». A ello se suma que, como resultado de «la situación de oligopolio (casi monopolio)» se vislumbra «la dificultad de EPES para adjudicar los concursos con las condiciones deseadas por la Administración, frente a las 'exigencias' o 'pulsos' establecidos por las licitadoras». Alcanzado ese punto, los investigadores pidieron a la instructora, María de los Reyes de Flores, que solicitara un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los posibles indicios de licitaciones colusorias en los contratos de la Junta en los que hayan participado las dos sociedades señaladas. La jueza ha recogido el guante y en una providencia, consultada por este diario, ha librado mandamiento judicial con un destinatario: la CNMC.

El sindicato CGT, «satisfecho», dado que «algo grave se cuece en EPES 061»

El sindicato CGT Andalucía se sumó a la denuncia originaria que alumbró el «caso EPES». Su secretario general, Miguel Montenegro, se mostró ayer «satisfecho» de que la investigación judicial siga su curso pero advirtió a este periódico de que esa causa «es sólo la punta del iceberg de lo que sucede en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta». Está convencido de que «han existido también presuntas prácticas colusorias en la gestión telefónica de las emergencias» y de que «hay gato encerrado» en las adjudicaciones «de terrenos y construcción de helipuertos» o en torno al «transporte de pacientes críticos en el que siempre repiten las mismas empresas y los márgenes de beneficio son enormes». Montenegro avisó de que su organización sindical continúa recabando datos, pese a su escasez «de medios económicos y materiales», que pondrá en conocimiento de la Justicia. De momento, están «satisfechos y expectantes» por los pasos dados por la Policía en relación a la contratación de aeronaves porque «algo grave se cuece en EPES 061».