Objetores frente a la eutanasia: crece la lista de médicos

El caso de José Díaz, un onubense de 33 años que padecía necrosis cerebral tras un accidente doméstico, puso sobre la mesa las implicaciones morales y éticas de la práctica de la eutanasia para los profesionales médicos. Tras reiteradas peticiones de José, el Comité de Garantías dictaminó que su caso se ajustaba a lo que legalmente se estima para aplicar la intervención deliberada de poner fin a la vida y dio el sí definitivo en febrero de 2024. Pero en su centro de salud y en el Hospital Juan Ramón Jiménez, los médicos se declararon objetores de conciencia, lo que obligó a la Consejería de Salud a enviar un equipo móvil hasta Huelva para garantizar el derecho a la eutanasia. «Está el derecho de las personas, pero también el de los profesionales a objetar», apuntó la consejera del ramo Catalina García. «El equilibrio es complicado», dijo entonces.

En el 2023, hubo un total de 56 peticiones de eutanasia en la comunidad andaluza y la comisión abrió el proceso en 40 de ellas: 24 llegaron a completar la prestación, 9 recibieron resoluciones desfavorables, 1 solicitó el aplazamiento y 6 fallecieron durante los trámites. Hay que tener en cuenta que los plazos se alargan en muchos de los casos por la imposibilidad de encontrar un médico que se preste a llevar a cabo la eutanasia. En estos dos últimos años, un total de 1.153 facultativos se han declarado objetores en el registro, según el último balance presentado por el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ayer tras el Consejo de Gobierno.

«La objeción de conciencia es una posibilidad que obedece a la ética y la moral de cada uno, y ahí el Gobierno andaluz poco puede decir», apostilló el consejero asegurando que desde la Junta «no se aplica ideología» a la ley de Eutanasia y que «defiende su cumplimiento» «más allá de cual sea la opinión de cada uno».

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) apuntan que los facultativos andaluces no han tenido ningún tipo de problema a la hora de objetar desde que se puso en marcha la ley. «Nosotros siempre hemos defendido este derecho de los profesionales, pero como sindicato preferimos no trasladar opinión al respecto sobre esta práctica», apunta el presidente del SMA, Rafael Ojeda.

«Primero paliativos, segundo paliativos y tercero paliativos». Así de tajante se muestra el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, quien apunta que «lo importante es ayudar y acompañar a la persona en los últimos momentos de su vida para evitar el sufrimiento». La eutanasia, añade Carmona, «es otro nivel, no es acompañar, es inducir la muerte».El presidente de los médicos sevillanos asegura que «ese es el sentir mayoritario de la profesión» y ve díficil que eso cambie. «Provocar la muerte no está dentro de nuestro código deontológico y va contra del juramento hipocrático de los profesionales de la Medicina, por eso la mayoría de los médicos son objetores contra la eutanasia», apostilla Carmona.

El informe, elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, ofrece una radiografía completa sobre la prestación de la eutanasia en la comunidad. En el último año hubo 56 solicitudes y menos de la mitad (24) llegaron hasta el final. Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres.

Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho en Cádiz, cuatro en Córdoba, dos en Granada, una en Huelva, otra en Jaén, 13 en Málaga y siete en Sevilla.

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que condujeron a solicitar la ayuda médica para morir son los procesos neurodegenerativos –en un total de 19 expedientes–, procesos pluripatológicos o crónicos complejos –diez expedientes– y procesos oncológicos, que suman siete expedientes.

De forma mayoritaria –en concreto, en el 82,5% de los casos–, las solicitudes se inician en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar.

Según el balance presentado ayer en Consejo de Gobierno, tres de las personas que recibieron la prestación donaron sus órganos, con los que se pudieron salvar doce vidas gracias a la extracción de seis riñones, tres hígados, dos pulmones y un páncreas.

Desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia, 137 personas han solicitado la prestación en la comunidad andaluza: 81 en 2022 y 56 en 2023, lo que significa que las peticiones se han reducido más de un 30% en un año.

Por tramos de edad, sólo se ha tramitado un expediente para una persona con menos de 30 años y fue en 2022, siete fueron de personas entre 30 y 39 años –tres en 2022 y cuatro en 2023; nueve de personas entre 40 y 49 años –cinco en 2022 y cuatro en 2023–; 21 de personas entre 50 y 59 años –doce en 2022 y nueve en 2023–; 16 de personas entre 60 y 69 años –seis en 2022 y diez en 2023–; 28 de personas entre 70 y 79 años –18 en 2022 y diez en 2023– y diez de mayores de 80 años; en concreto, siete en 2022 y tres en 2023.

Por provincias, entre los años 2022 y 2023 recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir cinco personas en Almería, ocho en la provincia de Cádiz, tres en Córdoba, seis en Granada, cuatro en Huelva, dos en Jaén, 16 en la provincia de Málaga y nueve en la provincia de Sevilla.