Los entes de la Junta acapararon el 92% de sus contratos en 2013

Las agencias formalizaron 65.316 de un global de 74.037, a lo que hay que sumar los 2.745 compromisos suscritos por mercantiles y fundaciones

¿Qué es la contratación pública? Se puede definir como el procedimiento por el que un sujeto del sector público selecciona a la persona física o jurídica que tiene que prestar un servicio, ejecutar una obra o suministrar un bien, para satisfacer un fin público. En 2013, unos actores en concreto, los entes instrumentales de la Junta, acapararon más del 91 por ciento del global de esos procedimientos llevados a cabo en el seno de la Administración autonómica.

Según se recoge en la Memoria Anual de Contratación Pública del propio Gobierno regional, en concreto de la Consejería de Hacienda, el número de contratos del sector en Andalucía fue en ese ejercicio de 74.037, por una cuantía exacta de 1.802.329.632 euros. De esa cantidad, las entidades instrumentales públicas del Gobierno regional, incluyéndose en ese apartado a las agencias administrativas, las de régimen especial y a las agencias empresariales, formalizaron 65.316 de esas relaciones contractuales, lo que supuso el 88,22 por ciento del total. El importe desembolsado por éstas fue de 1.447.287.970 euros.

A ello hay que sumar las relaciones contractuales llevadas a término por los entes instrumentales privados, categoría en la que Hacienda sitúa a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, ya sea de manera directa o indirecta, y a las fundaciones. En su caso, los contratos registrados fueron 2.745, es decir, el 3,70 por ciento de la totalidad, lo que conllevó abonar 121.887.655 euros. En resumen, la contratación de los entes instrumentales operativos en la Administración autonómica significó el 91,92 por ciento del sector público en 2013. El mencionado documento, accesible en la página web del Ejecutivo regional, refleja además que fueron 5.954 por valor de 232.347.935 euros los contratos achacables a la Junta de Andalucía como tal, y los 22 restantes, por 806.072 euros, fueron rubricados por los consorcios, organismos ya disueltos en su mayoría y cuya gestión está siendo investigada por los tribunales, al detectarse irregularidades de diversa naturaleza en torno a ella.

De la memoria de la consejería se desprende también que frente a los 459 compromisos contractuales destinados a la gestión de servicios públicos, se realizaron 2.310 para obras, 56.320 para suministros, 14.494 para servicios en general, dos considerados administrativos especiales, 420 privados y 32 patrimoniales.

El vicepresidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, considera que los datos expuestos constituyen «una muestra más de la apuesta firme del Gobierno andaluz por la ‘Administración paralela’ y su red clientelar, y no por la Administración pública que sirve al interés general de la comunidad». Cree que la Junta debería apostar por cubrir las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de su plantilla en lugar de «externalizar tantos servicios», lo que a largo plazo permitiría ahorrar dinero.

IU pide auditar lo público-privado

El Grupo Parlamentario de IULV-CA defenderá este jueves una Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara andaluza por la que insta a la Junta a reconsiderar la colaboración público-privada y a realizar una auditoría de todos los contratos que existan en la actualidad, que incluya, al menos, los costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción, los de las facturas emitidas por la adjudicataria al margen de la concesión, y los de la contratación con terceros y la desviación de financiación prevista. En la iniciativa, la federación de izquierdas reclama que el Parlamento pida al Ejecutivo regional que haga pública dicha auditoría en su Portal de la Transparencia y demanda también a la Junta que realice un estudio para evaluar otros modelos de financiación alternativos a los elegidos.