Los tribunales entran en la campaña andaluza antes de arrancar

La abogada del PP acusa a las defensas de los ERE de querer «contribuir» a la de Díaz con el calendario y el ex director de la Faffe podría optar por declarar

Enredarse los pies por física torpeza y caerse no es lo mismo que tirarse de forma voluntaria por algún motivo. Ayer hubo una nueva modificación en la agenda del juicio de la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos detrás de la que los abogados del PP-A ven una cierta maniobra vinculada a las elecciones andaluzas que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha convocado el próximo 2 de diciembre.

El tribunal que enjuicia a 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, marcó que al menos las próximas dos semanas haya sesiones de lunes –el próximo no por incomparecencia de uno de los peritos– a viernes, y los martes y miércoles de mañana y tarde, para acabar en noviembre, en la antesala de los comicios, conforme al calendario previsto originalmente que no se ha cumplido en las fases previas. No se descarta incluso que se habilite hasta algún sábado. La decisión llegó después de mantener una reunión informal con abogados y fiscales en la que, según fuentes del caso, las defensas «presionaron» para fijar el rumbo y apuntaron que dos de los peritos intervinientes en la vista oral –Juan Zornoza, propuesto por el representante procesal de Griñán, y Juan Ramallo, convocado por el de la ex ministra Magdalena Álvarez– tenían que viajar a finales de mes, pese a que ese desplazamiento no se mencionó en otra reunión organizativa que las partes tuvieron hace unos días. Pero hay quien tiene memoria. La abogada de los populares, Lourdes Fuster, aseguró a LA RAZÓN que con el «sorpresivo anuncio, pero no casual», del periplo de los dos técnicos a finales de octubre, «que debía estar ya previsto», las defensas lo que «quieren» es «contribuir a la campaña electoral de Susana Diaz». ¿Cómo? «Provocando el aumento del número de sesiones semanales e intentando, de esa forma, adelantar las conclusiones definitivas, para que éstas y la finalización del juicio no coincidan con la campaña electoral» que arrancará en la medianoche del jueves 15 al viernes 16 de noviembre, argumentó la letrada.

Y el de los ERE no será el único proceso judicial con ecos electorales. Es previsible que los tenga también la causa en la que se investiga la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En él ámbito de ésta, la instructora, María Núñez, ha citado para las 11:00 horas de hoy a Fernando Villén, ex director general del ente, a petición de la Junta, personada en la causa como actuación particular, tras descubrirse el uso de una de las tarjetas de la antigua entidad en un prostíbulo de Sevilla y apuntar a los presuntos delitos de «malversación» y «apropiación indebida». Desde entonces, la partitura ha cambiado bastante. De acuerdo a la investigación policial, Villén habría empleado seis de las ocho tarjetas detectadas hasta el momento por los investigadores cuyos costes se cargaban a cuentas tituladas por la ex fundación y soportaron gastos de 72.486,73 euros, de los que 31.969, algo más del 44%, se habrían efectuado «en locales donde se ejercía la prostitución» de tres provincias diferentes. La Guardia Civil ha localizado varios asientos contables en el libro diario de la Faffe a través de los que podría darse a entender que los fondos que se esfumaron en ese tipo de servicios se devolvieron, mediante el ingreso de dinero en la caja central de la ex fundación, pero duda de que sea así, ya que no ha hallado en las cuentas de aquélla «ningún ingreso que se corresponda con este supuesto abono». Aunque aún no han dado las pesquisas por cerradas y los cargos no corresponden solo a puticlubs. Fuentes judiciales señalan que el horizonte judicial de Villén «no se presenta muy halagüeño» a la luz de lo sentenciado en casos similares como en el de las llamadas tarjetas «black», donde se condenó por apropiación indebida a 64 ex directivos y ex miembros del consejo de administración de Bankia, entre ellos el ex ministro Rodrigo Rato. Y hay una diferencia que no juega a favor de Villén: Bankia era privada y la Faffe se sostenía en esencia con fondos públicos. La propia Guardia Civil recoge en su atestado que el uso de una «tarjeta de empresa» para gastos personales «no parece justificarse fácilmente» y existe jurisprudencia en ese sentido. Una sentencia del Tribunal Supremo fijó que «el más elemental sentido común impone al titular» de una «excluir su utilización para gastos personales, que no puedan revestir la naturaleza de gastos de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad de limitación expresa de quien haya autorizado su uso». Villén no se enfrentará a Núñez por primera vez, ya declaró por este asunto el pasado febrero, pero está por ver si en esta ocasión opta por el silencio o provoca con sus palabras, con o sin temblores sintácticos, algún terremoto preelectoral.