La defensa de la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez esgrimió que la tesis acusatoria de que el «pérfido Gobierno» andaluz «confabulara durante diez años para engañar» al Parlamento e incluir una partida presupuestaria para dar ayudas eludiendo el control tiene «tintes caricaturescos».

El abogado Rafael Alcacer inició ayer su informe final –que continuará el lunes– para defender la inocencia de Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda del 2000 al 2004 que afronta diez años de inhabilitación acusada de prevaricación en el juicio del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta. Para Alcacer, resulta «sorprendente, aberrante y ofensiva la tesis de que el Parlamento fue engañado» para que aprobara las leyes de Presupuesto que recogían las ayudas investigadas. Vio «razonable sostener que el Parlamento no conociera las presuntas irregularidades» en la gestión de esas ayudas y «quizás» tampoco «el procedimiento de concesión» de las mismas, pero «es indudable que tuvo perfecto conocimiento de la finalidad» de las transferencias de financiación que aparecían en el Presupuesto de la Consejería de Empleo a la agencia pública IDEA, el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que concedía la Dirección General de Trabajo. Con todo, cuestionó la base de la acusación: que la herramienta presupuestaria usada era ilegal porque las transferencias de financiación sólo pueden usarse para equilibrar las pérdidas y ganancias de las empresas públicas como IDEA.

La Fiscalía y la acusación popular del PP y Manos Limpias sostienen que así lo indicaba la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2002, prorrogada tácitamente año a año, pero para el letrado esa «rígida interpretación» de la norma en su «literalidad» no se sostiene y lo han acreditado varios peritos y testigos. Alcacer, como el resto de defensas, sostuvo que aún cuando esa ley «dijera lo que dicen que dice», lo «relevante es lo que aprobaban las leyes de Presupuesto» que año tras año consignaban unas transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las ayudas que daba la Dirección de Trabajo, unas leyes de Presupuesto que aprobaba el Parlamento. «En el relato de la acusación no sólo estamos ante un Parlamento engañado año tras año por el pérfido Ejecutivo sino ante un Consejo de Gobierno esquizofrénico que con la mano izquierda aprobaba un proyecto de Presupuestos fraudulento, dirigido a eludir la fiscalización, y con la mano derecha acordaba un Proyecto de Ley en el que se incluía la norma precisamente defraudada así como otras medidas dirigidas precisamente a prevenir el fraude», ironizó. Alcacer defendió que el uso de uno u otro instrumento presupuestario es «neutro» y no determina cómo se ejecuta y gestiona un gasto, pero las acusaciones han «demonizado» el uso de las transferencias porque sostienen que omitía la obligada fiscalización previa.

Previamente, la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández terminó su informe final lamentando el daño personal y profesional causado a su cliente desde hace casi 8 años y asegurando que es el único miembro del Consejo de Gobierno que ha pasado por prisión porque «el resto eran personas aforadas».

Fernández, que fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004 y consejero del 2004 al 2010, fue imputado en el caso ERE en febrero de 2011 y es juzgado por los delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación continuada, por los que la Fiscalía y el PP-A le piden 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación. La jueza Mercedes Alaya lo envió a prisión comunicada y sin fianza en abril de 2012, una decisión que revocó en julio la Audiencia al imponerle 400.000 euros de fianza, que reunió en agosto de ese año, tras lo que salió de la cárcel. Los 7 años y 9 meses transcurridos desde su imputación y los 6 años y 7 meses que han pasado desde su paso por prisión, hacen que la defensa de Fernández reclame la «atenuante de dilaciones indebidas».