Maíllo cuenta con «expropiar» 5.000 o 6.000 hectáreas para el banco de tierras

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, participó ayer en unas jornadas en Antequera sobre el banco público de tierras para Andalucía, una cuestión que desde la formación de izquierdas asumen con «inmediatez» y cuyo debate, en palabras del propio dirigente andaluz, quieren cerrar pronto, «desde luego antes de final de año».

En declaraciones a los medios, Maíllo explicó que hablar de un banco de tierras no es hacerlo de «una abstracción, sino del uso de las propiedades públicas al servicio de la creación de tejido productivo, de la explotación».

El líder de la coalición de izquierdas expresó la apuesta de su formación política por el campo andaluz y por la capacidad de generar riquezas desde un principio como es «poner al servicio de la sociedad las fincas de carácter publico».

En este sentido, apuntó que ahora toca «concentrarse en configurar y definir las propuestas sobre esta cuestión para después cerrar el modelo en el Gobierno andaluz y el Parlamento». Así, Maíllo indicó que se va a trabajar «sobre el modelo que IU quiere de banco público y a partir de un diagnóstico de la realidad de hectáreas que hay en Andalucía que son propiedad de la Junta o Gobierno, apostar por un modelo concreto como es el de explotación de uso».

No obstante, Maíllo abogó por debatir las fórmulas, que espera que sean «flexibles y variables», aunque apuesta por que algunas sean de carácter inmediato con sentido experimental en alguna finca pública en desuso en Castellar de la Frontera (Cádiz), que configuren cómo sería el modelo definitivo y regulado.

Indicó que de forma paralela al desarrollo del debate y la configuración del modelo hay que hacer un diagnóstico de las tierras públicas existentes. «La Consejería de Agricultura del Gobierno andaluz anterior hablaba de 500 hectáreas, si bien podemos hablar de una realidad de inicio con cifras entre 5.000 y 6.000 hectáreas», aseguró.

Cabe recordar que IULV-CA defiende la aprobación de un decreto-ley que plantea la expropiación de fincas que incumplan la función social de la propiedad.