Blanqueo de capitales

Muñoz, Roca y ex concejales del GIL admiten su culpa en el «caso Goldfinger»

El juicio investiga la recalificación de una parcela sobre la que el actor Sean Connery construyó una vivienda.

Roca y Muñoiz, ayer, durante la sesión del juicio
Roca y Muñoiz, ayer, durante la sesión del juiciolarazon

El ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y otros procesados en el «caso Goldfinger» que investiga la recalificación de la parcela sobre la que se construyó una vivienda propiedad del actor Sean Connery, admitieron ayer en la primera sesión del juicio los hechos que se le imputan en el procedimiento. También lo hizo el que fuera gerente de Urbanismo en la localidad costasoleña Juan Antonio Roca, y ex concejales del GIL en el Consistorio, junto a abogados, un empresario, asesores fiscales y empleados de banca.

La vista oral comenzó ayer en la Audiencia de Málaga y en ella Muñoz pidió perdón por el daño causado a Marbella–al igual que hiciera en el «caso Fergocón»– y solicitó al Tribunal no tener que acudir a juicio en todas las sesiones, dado su delicado estado de salud. El ex regidor hubo de ser asistido al ser llamado a declarar por el propio Roca, con quien compartió banquillo, tras lo cual el presidente del Tribunal, Pedro Molero, le confirmó que será eximido de acudir a las sesiones en las que no sea necesaria su presencia física.

Muñoz se conformó con la pena de un año de prisión por prevaricación urbanística, si bien que defensa pidió una rebaja sustancial por el delito de fraude, que no estaba contemplada en el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes.

El resto de exmunícipes acusados se conformó con penas que oscilan entre los nueve y los quince meses de prisión por delito urbanístico.

Por su parte, la defensa de Roca planteó en el apartado de cuestiones previas la vulneración de derechos fundamentales, el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva. Su bogada Rocío Amigo, recordó que su cliente cumplirá diez años en prisión el próximo mes de marzo, década en la que «no se ha beneficiado de un solo permiso penitenciario».

Por su parte, la abogacía del Estado solicitó la suspensión del juicio, medida apoyada por la fiscal y el abogado del Ayuntamiento de Marbella, para estudiar una prueba pericial que fue aportada por una de las defensas el pasado 5 de enero.