Fraude en los cursos de formación
Ni el testigo protegido de Alaya ni Ojeda acabarán en la Fiscalía
La comisión no enviará a la Mesa de la Cámara los escritos en los que PSOE y PP los acusaban de faltar a la verdad al no haber acuerdo, pero sí mantienen la intención de actuar contra Rivas
Los miembros de la comisión de investigación del Parlamento centrada en el supuesto fraude en los cursos de formación tenían ayer algunas cuestiones que afrontar tras el paso silencioso del empresario José Sivianes. Entre ellas debían resolver, a golpe de votos, si se enviaban dos escritos a la Mesa de la Cámara y que ésta encargara los correspondientes informes jurídicos que determinaran si debían acabar o no en la Fiscalía. Uno de ellos fue presentado por el Grupo parlamentario socialista y afectaba al funcionario testigo protegido de la jueza Mercedes Alaya, T. M., quien aseveró ante los comisionados que la formación se convirtió en el «negocio del siglo» en la Junta durante un tiempo prolongado. El otro fue impulsado por el Grupo parlamentario popular y en él se apuntaba al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien durante su comparecencia se negó a responder a las preguntas de la diputada Teresa Ruiz-Sillero, al aseverar que ésta le había difamado, según constaba en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que no se menciona a la popular.
En ambos casos se apuntaba que tanto T. M. como Ojeda faltaron a la verdad en sus testimonios, por lo que podía aplicarse el artículo 502.3 del Código Penal, que establece que el llamado ante una comisión parlamentaria de investigación que lo haga «será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año» o con «una multa de 12 a 24 meses». Si bien, fuentes de la comisión aseguraron ayer a LA RAZÓN que la suma de los votos evitó que los dos escritos acabaran en la Mesa. Lo que sí esperan los comisionados es el informe de los letrados de la Cámara acerca del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien se levantó y salió de la sala antes de que los parlamentarios pudieran formular preguntas lo que, según el presidente del ente, Julio Díaz (C’s), significó que su «comparecencia quedó inconclusa». «Si los letrados lo apoyan, la intención de trasladarlo a la Fiscalía permanece», apuntaron desde la comisión. Después Díaz quiso remarcar que la presidenta andaluza, Susana Díaz, acudirá «donde ha caído al azar», dado que el PP criticó fecha y hora –a las 18:00–.
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