Para los partidos sí hay crédito: 10,6 millones por los gastos electorales

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 10,59 millones de euros, para «sufragar las comisiones que se adjudican a las organizaciones políticas por los gastos derivados de las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 25 de marzo de 2012», en palabras de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. De hecho, ya se ha abonado un anticipo del 90% del importe de las subvenciones de 9.658.427,45, efectuado por vía extrapresupuestaria, De ahí la necesidad del crédito que, según consta en el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se financiará «con cargo al Fondo de Contingencia» y según la «Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previsto en el estado de gastos» del Presupuesto regional para 2013.

Vázquez explicó que hasta llegar a este punto, y de acuerdo a la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, «las formaciones políticas tienen que presentar a la Cámara de Cuentas, previamente, una contabilidad detallada y documentada de sus gastos e ingresos electorales y ésta ya emitió un informe favorable el pasado 8 de octubre de 2012». Documento en el que el ente fiscalizador propone regar al PSOE-A con 3.308.852,62 euros, al PP-A con 3.250.647,78 y a IULV-CA con 1.342.659,17 euros. Es más, en el informe de la Cámara se insta a los partidos a adoptar «cuantas medidas sean necesarias para que sus proveedores cumplan con la obligación de informar» de la «facturación realizada», dado que uno, ligado a IU, no remitió la pertinente documentación.

El pago «no ha sido inmediato», se justificaba ayer el portavoz preguntado por el hecho de que no haya dinero para pagar a los proveedores, pero sí a los partidos. Se agarró también a una comparación: contrapuso los países «que tienen un sistema de 'lobby', de captación de fondos con el que se generan muchísimas más desigualdades», como el de EE UU; con la fórmula española que «favorece la concurrencia y el pluralismo y tiene una contraprestación de presupuesto público». Todo amparado por una Ley Electoral que «funciona» y no se plantean modificar. Hay otra norma de la UE por la que las administraciones han de pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días, salvo excepciones.